Para los representantes de organizaciones defensoras de migrantes, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova y Amnistía Internacional, el discurso humanitario del presidente López Obrador no se refleja en los hechos. En vez de tratarlos como a personas desplazadas de sus lugares de origen, se les criminaliza a fin de deportarlos o, peor aún, dejarlos a merced de la delincuencia organizada. Para esas y otras organizaciones civiles, los recientes asesinatos de migrantes demuestran que el muro militar no detendrá el flujo de personas y, en cambio, seguirá cobrando vidas.
Los asesinatos de centroamericanos ocurridos recientemente en México, uno en Tulum y otro en Chiapas, provocaron que organismos de la sociedad civil acusen de nuevo al Estado mexicano y al gobierno federal de invisibilizar a los migrantes, de no respetar los derechos humanos y de responder a la política de Estados Unidos en la materia.
En entrevista con Proceso, Pedro Faro, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba,), explica: “Hemos denunciando que no hay una clara política de respeto a los derechos humanos de los migrantes, como discursivamente se dice, desde la imposición de Donald Trump del famoso muro. Aunque el muro real ha sido Chiapas, donde hay más de 4 mil efectivos de la Guardia Nacional, además del Ejército y policía estatal, deteniendo a quien quiera pasar hacia México; y a quienes lo logran los colocan en lugares infrahumanos”.
