En México ningún estado ha sido capaz de terminar con los crímenes contra activistas o la degradación ambiental, situación que se debe, en parte, a la falta de capacidad institucional, señala la primera edición del Índice de Impunidad Ambiental (IGI-Ambiental), presentado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
El estudio, realizado por diversos académicos e investigadores, señala que México “no está tomando con seriedad” la crisis ambiental y prueba de ello son los problemas que se viven continuamente a lo largo del país como la impunidad en temas ambientales, falta de acceso a agua, la mala calidad del aire y los ataques contra activistas y defensores ambientales.