Al judicializar la protesta social, el gobierno de Chiapas no sólo violó el Convenio 169 de la OIT, la ley federal contra la violencia de género y el protocolo estatal en materia de protección a derechos humanos, sino que también incurrió en un sesgo de género, clase y etnia al reprimir a estudiantes normalistas rurales de Mactumatzá, señaló la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT).
En un comunicado, agregó que mantiene presas a 19 personas en el Centro de Readaptación Social para Sentenciados (CERSS) número 14 de El Amate con faltas al debido proceso y sin acceso a un juicio justo. Recordó que la detención arbitraria, ocurrida el pasado 18 de mayo, se dio en el contexto de un desmedido operativo policiaco, cuando los estudiantes normalistas exigían que se hiciera efectivo el derecho a la educación respetando las características socio económicas y culturales de los pueblos originarios de Sureste de México.