Más que una agenda ambiental, desde su surgimiento el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha protagonizado episodios de presuntos sobornos, compadrazgo, despojo, delitos electorales e incluso con una muerte. Sus principales integrantes, algunos familiares entre ellos, son señalados sin consecuencias. Por violar reiteradamente la Ley electoral recibe multas, las paga con dinero público y continúa cerca del poder.
A nivel internacional ha sido distinto. En febrero de 2009 fue expulsado de la unión de partidos ecologistas europeos porque el legislador Arturo Escobar de la Vega quiso impulsar la pena de muerte. Después el Verde promovió la cadena perpetua a los secuestradores, que va contra el principio de prevención de esta alianza.