Una reforma al Código Penal de la Ciudad de México -que pasó un tanto desapercibida por el proceso electoral- implica que desde el pasado 7 de junio los directivos y administradores de una asociación civil que reciba fondos, recursos o apoyos públicos en la capital del país sean considerados servidores públicos y pueden ser juzgados como tal.
A decir de los especialistas consultados por Animal Político, este cambio no solo es inconstitucional, sino que también es punitivo, y refuerza la estigmatización hacia las asociaciones de la sociedad civil, que el presidente Andrés Manuel López Obrador suele atacar en sus discursos diarios.