La Sala Especializada del TEPJF determinó que el presidente hizo uso indebido de los recursos públicos al emplear en las conferencias recursos humanos, financieros y materiales que tiene a su disposición, por lo que ordenó la implementación de medidas de no repetición.
El presidente Andrés Manuel López Obrador vulneró los principios de equidad e imparcialidad en las contiendas electorales de San Luis Potosí y Nuevo León por las manifestaciones realizadas en las conferencias mañaneras de los días 5, 6, 7 y 11 de mayo último.
Además, hizo uso indebido de los recursos públicos al emplear en las conferencias recursos humanos, financieros y materiales que tiene a su disposición, según resolvió la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en votación unánime.
Desde al menos cuatro sexenios, las fuerzas federales y estatales han mostrado su ineficacia en el combate a la delincuencia organizada para lograr la paz en Tamaulipas, estado que por su posición geográfica es codiciado por los cárteles para el trasiego de droga, armas y personas.
Al menos desde el gobierno de Vicente Fox diversas corporaciones militares y de seguridad pública han tenido la misión de enfrentar al crimen organizado y derrotarlo, pero hasta ahora ha sido una batalla perdida.
Sexenio tras sexenio los cárteles y sus brazos armados han exhibido la nulidad de resultados de parte de soldados, marinos, policías federales y recientemente de efectivos de la Guardia Nacional. La actual estrategia federal de “abrazos, no balazos”, anunciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tampoco ha podido acabar con la estela de homicidios.
Inmersos en reuniones que se convirtieron en desencuentros, los candidatos de Fuerza por México pasaron del júbilo político al desencanto. El 27 de enero su dirigente Pedro Haces les prometió todo para sus campañas –incluso destapó al senador morenista Ricardo Monreal para la Presidencia de la República en 2024–, pero los abandonó en el camino. Descalabrado, el partido apenas logró sobrevivir y ahora los excandidatos deben comprobar al INE gastos que nunca hicieron.
Apenas les anunciaron que serían abanderados del Partido Fuerza por México a las 15 gubernaturas, los convocaron para recibir instrucciones y promesas de cara a la elección de junio. Esperanzadores los discursos, y, al final, el destape que, al más puro estilo cetemista, hizo Pedro Haces Barba a favor de Ricardo Monreal Ávila, ahí presente.
Ocho muertes violentas, entre ellas la de dos mujeres, se documentaron en el transcurso del jueves 1 y este viernes 2 de julio, en Tijuana. La estadística de homicidios dolosos se eleva a mil 45 en lo que va del año 2021.
Dos horas después dentro de una vivienda situada en calle 16 y callejón Saturnino en la colonia Libertad parte alta, fue encontrado muerto un hombre identificado como Luis Gerome. La víctima estaba atada de manos y alrededor del cuello tenía un cable de color negro.
El vocero de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara, aseguró que el comportamiento de Alejandra Barrios en la audiencia fue agresivo, por lo que el juez consideró que no se daban las condiciones para otorgarle la prisión preventiva.
El coordinador de asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara López, señaló que la histórica líder de los ambulantes capitalinos, Alejandra Barrios, no llevará su proceso en libertad ni en prisión domiciliaria ya que durante la audiencia judicial del caso “hubo exabruptos” que impidieron que el proceso fuera llevado de forma adecuada, además que representaría un riesgo para las víctimas.
Relató que “hubo intimidaciones” a los testigos e “interrupciones” al juez por parte de Barrios, quien no escuchó ni dejó de intervenir o hacer alusiones a diferentes cosas: “Le hizo señalamientos a la persona que estaba ahí como testigo, no permitía que el juez hablara. El juez tuvo que hacer una moción de tiempo para que pudieran explicarle a la imputada que debería de mantenerse en calma. No lo hizo, volvió a insistir”.
Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que ya logró extinguir el fuego y la emanación de gas provocados por el incendio que se registró hoy en el complejo Ku Maoob Zaap (KMZ), localizado en el Golfo de México. Este incidente no dejó personas lesionadas.
El mandatario dijo que también se analizará el precio de la tortilla, el cual desde hace semanas ha ido al alza.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el aumento que se ha dado en las últimas semanas en el precio del gas LP se debe a que hay un “monopolio” y redes de distribución que dominan en las colonias de la Ciudad de México.
Durante su conferencia de prensa matutina, el Jefe del Ejecutivo federal comentó que el próximo martes sostendrá una reunión para analizar el incremento en el costo del energético, que en comparación con otros combustibles es el único que presenta una tendencia ascendente.
El congresista opinó que la venta de la refinería Deer Park a Pemex representa un riesgo de seguridad económica.
Brian Babin, congresista estadounidense, pidió a los departamentos de Estado y del Tesoro frenar la compra de la refinería Deer Park a Petróleos Mexicanos (Pemex).
En palabras del párroco de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe Gilberto Vergara, de ese pueblo, la energía eléctrica fue reconectada el 1 de julio por la tarde; sin embargo, por la noche la gente de Aguililla lazó bombas molotov al cuartel, mientras los militares lanzaron gases lacrimógenos. “Dicen que se escucharon algunos balazos, pero no hubo lesionados”.
El segundo tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones aprobó por unanimidad el proyecto del magistrado Urbano Martínez Hernández, quien anuló la medida cautelar otorgada por el juez Juan Pablo Gómez Fierro a las empresas Hidroeléctrica Cajón de Peña y a Energía Verde Meyer. La decisión del colegiado aún no ha sido publicada, pero está firme.
José Ramón Gómez Leal, delegado del Gobierno federal en Tamaulipas y cuñado del Gobernador Cabeza de Vaca es investigado por la UIF.
El Delegado de programas sociales del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal, quien es cuñado del Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, presuntamente por la indagatoria por delincuencia organizada que involucra a su pariente panista.
Las cuentas bancarias de Gómez Leal, conocido en Tamaulipas como el “Jotaerre”, fueron aseguradas y retenidas por la UIF, que lo citó hace un mes, el 24 de mayo, “a efecto de continuar con el procedimiento de su garantía de audiencia”, según el oficio de notificación, emitido el 18 de ese mes, cuya copia tiene SinEmbargo.
A tres años de la victoria de López Obrador, los programas sociales y la austeridad presupuestaria han sido suficientes para sobrellevar la recesión que ya estaba, pero que se agravó con la pandemia de COVID-19. Sin embargo, hay dudas de qué hará la administración en turno para fomentar la inversión que le permita sostener los apoyos sociales a largo plazo.
Hoy, a mitad de sexenio, el talón de Aquiles de su administración sigue siendo el crecimiento económico, que lo ha quedado a deber, en gran medida, por el clima de recesión por el que atraviesa el país desde principios de 2019, mismo que se acentuó con la pandemia de coronavirus, en un contexto en que la recuperación económica —que ya empezó— se extenderá más allá de 2021, considerando que aún regresando a los niveles previos a la pandemia, la economía mexicana estará anclada por los factores de bajo crecimiento económico que había previo a la pandemia.
De acuerdo con reportes de prensa, el incendio se registró a las 04:00 horas de este viernes y fue controlado por personal de Petróleos Mexicanos (Pemex). Hasta el momento no se tiene registros de personas heridas o afectaciones en la producción de crudo.
El incendio se registró a las 04:19 horas de este viernes. El complejo es el que genera la mayor producción de hidrocarburo para Pemex.
Para privarlos de sus derechos al territorio, funcionarios del Registro Civil de Oaxaca, Registro Agrario Nacional y Procuraduría Agraria, declararon muertos a mil 13 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán que están vivos.
Con el claro objetivo de privarlos de sus derechos a la tierra y al territorio, funcionarios del Registro Civil de Oaxaca, Registro Agrario Nacional y Procuraduría Agraria, declararon muertos y sepultados a mil 13 comuneros de Santo Domingo Ixcatlán que están vivos, entre ellos 22 beneficiarios de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Así lo denunciaron el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI) y el Consejo de Principales de Santo Domingo Ixcatlán, al tiempo que exigieron la intervención de la Fiscalía General de la Republica (FGR) para que investigue los hechos denunciados y sancione a los funcionarios implicados por la “muerte legal” de mil 13 comuneros mixtecos.
El dirigente del PES en Michoacán explicó que la decisión se tomó también tras el asesinato de dos colaboradores y las amenazas contra una de la integrantes de la planilla electa el pasado 6 de junio.
Los integrantes de la planilla ganadora en el municipio de Penjamillo, Michoacán, renunciaron a los cargos antes de tomar posesión, tras asesinatos de compañeros de campaña y el secuestro del alcalde electo Gilberto Mejía, del Partido Encuentro Solidario (PES).
Así lo dio a conocer el dirigente estatal del PES, Eder López García, con el objetivo de proteger la vida de los síndicos y regidores, así como con la esperanza de que los agresores del alcalde electo de Penjamillo lo liberen.
El país registra un exceso de mortalidad de 493 mil 503 personas fallecidas entre abril de 2020 y el 22 de junio de 2021, de los cuales sólo 71% tienen confirmación de muerte por COVID y el resto aún no se sabe la causa.
El 11 de junio, cuando el subsecretario de Salud encargado de la estrategia contra el COVID-19 en el país, Hugo López-Gatell, daba su última conferencia vespertina para informar sobre la situación de la pandemia, México estaba por alcanzar el medio millón de muertes a causa de la pandemia.
Ese día fue despedido por un grupo de sus seguidores con flores y música afuera de Palacio Nacional. Habían sido 15 meses de encabezar la conferencia.
En una de ellas, en abril previó que “el peor escenario” de la pandemia en el país sería tener 60 mil fallecimientos, pero esa cifra se alcanzó apenas cuatro meses después de su declaración, en agosto de ese año y siguió en aumento.
Policías de Valparaíso, Zacatecas, localizaron muertos a dos paramédicos de Jalisco y quemada la ambulancia en la que habían realizaron el traslado de un paciente; el gobierno del estado reportó otro enfrentamiento en ese municipio.
Policías municipales de Valparaíso encontraron quemada una ambulancia de la Secretaría de Salud de Jalisco, y asesinados a los dos paramédicos que la tripulaban; mientras que en el municipio se suscitó un nuevo enfrentamiento entre grupos rivales del crimen organizado.
El gobierno de Jalisco dio a conocer que, según los reportes recibidos, la ambulancia hizo un traslado el pasado 30 de junio del hospital público del municipio jalisciense de Huejuquilla El Alto a Fresnillo, Zacatecas, y que, tras dejar a un paciente, se esperaba su regreso a las 20 horas; sin embargo, la unidad nunca volvió.
El Gobierno de Tamaulipas anunció restricciones para actividades no esenciales desde hoy y hasta el 15 de julio, debido al aumento de contagios de coronavirus en 16 de sus municipios.
La Ley Seca, el cierre de negocios y cambios en los horarios para actividades no esenciales se reinstauraron desde este jueves y hasta el 15 de julio en Tamaulipas, luego del incremento de contagios de coronavirus en 16 municipios, informó el Comité Estatal de Seguridad del estado.
Se trata de dos trabajadores del INM y siete policías municipales de Escobedo acusados de entregar una camioneta asegurada que, posteriormente, fue localizada en el municipio tamaulipeco de Camargo, con 19 migrantes calcinados en su interior.
Dos trabajadores del Instituto Nacional de Migración (INM) y siete policías municipales de Escobedo fueron vinculados a proceso en relación a la entrega indebida de una camioneta asegurada que, posteriormente, fue localizada en el municipio tamaulipeco de Camargo, con 19 migrantes calcinados en su interior.
La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía especializada de Control Regional, delegación Nuevo León, procedió contra estos servidores públicos por ser presuntos responsables del delito contra la administración de justicia.
El hombre aprehendido es quien presuntamente ordenó a Édgar “N”, alias “El Choche”, tirar los cuerpos de los menores a cambio de drogas.
Agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), detuvieron a Abel “N”, quien es el posible coautor material del homicidio de Yair y Héctor, dos menores mazahuas cuyos restos fueron hallados en noviembre de 2020, en el Centro Histórico.
La dependencia informó que, de acuerdo a las investigaciones, el detenido es integrante del grupo delictivo “La Unión de Tepito” y es quien presuntamente ordenó a Édgar “N”, alias “El Choche” de 39 años, tirar los cuerpos de los menores a cambio de drogas.
Se trata del fideicomiso Conacyt-Sener, que tenía una bolsa de 13 mil 189 millones de pesos y estaba enfocado en promover acciones para la transición energética, incluyendo la formación de capital humano, como es el caso de los estudiantes de maestría y doctorado.
Tatiana Lezama tiene 30 años y estudia el doctorado en Ingeniería Petrolera en la Universidad de Aberdeen, en Escocia, gracias a una beca del Conacyt-Secretaría de Energía, pero la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer los fideicomisos y la nula respuesta del Consejo desde enero pasado, la tienen en vilo: dejó de recibir los recursos de la beca y está en riesgo de ser deportada, pues su visa estudiantil vence el 15 de julio próximo.
El presidente López Obrador acusó corrupción en los fideicomisos en diferentes áreas, aunque hasta el momento su gobierno no ha mostrado las pruebas de desvío en cada uno de los que decidió extinguir desde el 20 de octubre de 2020, a través de un decreto que reformó 17 leyes para desaparecer los fideicomisos que lo mismo apoyaban las becas estudiantiles que al cine nacional, deportistas de alto rendimiento o afrontaba las catástrofes naturales, entre otros.
Al grito de “Queremos quimios, no golpe de estado”, decenas de familiares de infantes salieron del Hospital de Cancerología “Doctor Miguel Dorantes Mesa” hacía el Palacio de Gobierno para recriminar que no hay programación de quimioterapias en la capital del Estado.
Madres y padres de niños enfermos de cáncer montaron un campamento afuera de la Torre Pediátrica y del Hospital General, en el puerto de Veracruz, en protesta porque aseguran que no hay quimioterapias para los infantes desde hace varias semanas.
Ayer, familiares de niños enfermos de cáncer marcharon en Xalapa y en el puerto de Veracruz en reclamó porque no se han surtido los medicamentos oncológicos, ni se han estado haciendo quimioterapias en los distintos hospitales de la entidad.
El gobierno federal destinó 4 mil 655 millones de pesos en 2020 para pagar las liquidaciones de los 9 mil 753 agentes que no quisieron incorporarse a la Guardia Nacional, indicó la ASF. Además refirió que la la SSPC indicó que el plazo para extinguir a la PF concluirá hasta “el ejercicio 2024".
El proceso de extinción de la Policía Federal (PF) y la transferencia de sus facultades a la Guardia Nacional (GN), que hoy cumple dos años, llevó el gobierno federal a pagar 4 mil 655 millones de pesos en 2020 para las liquidaciones de los 9 mil 753 agentes que no quisieron pasar al nuevo cuerpo policiaco-militar, indicó hoy la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Según un informe sobre la transición de la PF a la GN en la Cuenta Pública 2020, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) erogó 7 mil 322 millones de pesos para la PF; lo hizo mediante una Unidad de Transición que, según la ASF, no fue autorizada ni por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ni por la Secretaría de la Función Pública (SFP), y a pesar de ello tuvo a mil 354 personas adscritas en su plantilla.
A finales de 2020 el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, habló de la posibilidad de generar la energía extraordinaria que permita cubrir el déficit de 450 megawatts que enfrenta la entidad cada verano, cuando la temperatura sobrepasa los 50 grados centígrados. El magnate Ricardo Salinas Pliego atendió el llamado y entró al negocio a través de Grupo Dragón, su brazo energético. Sin embargo, su proyecto de construcción de dos centrales de generación eléctrica –que le permitiría ser el generador de 280 megawatts en los próximos 27 años– fue frenado a principios de mayo por las autoridades federales.
Los tentáculos empresariales de Ricardo Salinas Pliego llegaron a Baja California. Hoy, pretende cubrir el déficit de energía que cada verano sufre el estado y que anualmente pone en riesgo al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Integrante del Consejo Asesor Empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador, Salinas Pliego es más que un hombre de negocios del entretenimiento, más que TV Azteca y más que sus ventas de electrónicos domésticos en pagos chiquitos.
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