32 organizaciones civiles mexicanas denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la militarización de fronteras y la política migratoria impulsada por el actual gobierno, con participación de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, así como la práctica de devoluciones que criminalizan la migración.
Además, señalaron las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes derivadas de dichas políticas y prácticas, e indicaron que, debido al despliegue de fuerzas militarizadas, exacerbó los casos de uso legítimo de la fuerza contra personas migrantes.