Brenda Quevedo Cruz lleva más de 11 de años de cautiverio y tortura. Las irregularidades del proceso en su contra sólo pueden explicarse como parte de una suerte de “razón de Estado” con que el gobierno de Felipe Calderón y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, trataron el caso Wallace.
Está presa sin sentencia. La Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante su opinión 45/2020, instó a las autoridades mexicanas a liberarla de inmediato e investigar “a profundidad” las violaciones a sus derechos humanos. Y es que expertos del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU encontraron “graves violaciones a las garantías del debido proceso, como la presunción de inocencia y el derecho a ser juzgada sin dilaciones indebidas”.