En los últimos 20 años, los gobiernos estatales inhabilitaron a 798 servidores y servidoras públicos que cometieron irregularidades graves, algunas ligadas a actos de corrupción. Aunque las inhabilitaciones por faltas graves impuestas por gobiernos estatales van al alza desde el año 2000, la tercera parte de ellas fue dictada entre enero de 2019 y julio de 2021.
La lucha contra la corrupción —que es el mayor problema de México, según ha señalado en distintas ocasiones el Presidente Andrés Manuel López Obrador— no sería posible sin el actuar de las autoridades locales, las cuales registran un aumento de las sanciones a funcionarios públicos por esta causa en lo que va de la presente administración federal.