“Observamos varios patrones de represión al movimiento de mujeres, donde destaca la violencia física y psicológica; tratos crueles y degradantes; presencia de policía sin uniforme; el uso excesivo de la fuerza y el abuso policiaco”, señala Anna Chimiak, directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).
Además de la estigmatización y criminalización de la protesta, también se ha utilizado el derecho penal, principalmente con cargos como delitos patrimoniales, para castigar a las mujeres, explica Chimiak en entrevista telefónica, y agrega que en la manifestación del 9 de julio en Guadalajara, donde la policía detuvo a diez jóvenes que exigían justicia para niñas víctimas de violencia en escuelas, se les acusó de pandillerismo.