Tras 11 años de litigio en tribunales federales y tramitación de amparos por parte del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para que fuera aceptado al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) modificó su reglamento para supuestamente evitar actos de “discriminación”, como los que el quejoso se dijo víctima.
Sin embargo, de acuerdo con investigadores, la evaluación siempre ha tenido parámetros claros y no discriminatorios. Y en el caso del fiscal, la negativa de ingreso al sistema de investigadores no obedeció a su condición social, física u origen étnico como lo establece la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación para considerarlo como acto discriminatorio, sino por una “insuficiencia producción científica”.