La Fiscalía General de la República podría imputar a Felipe Calderón, Ernesto Cordero, García Luna, Vega Casillas, Sales Heredia y a otros exfuncionarios por fraude genérico, administración fraudulenta, ejercicio ilícito del servicio público y daño patrimonial relacionado con ocho contratos plurianuales para construir y prestar servicios a reclusorios federales. Los beneficiarios finales, revela la indagatoria penal, fueron ICA, Prodemex, Arendal, Homex, Tradeco y GIA. El monto involucrado supera los 199 mil millones de pesos.
Bajo la argucia de que había riesgo a la seguridad pública, el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa otorgó por “adjudicación directa”, en 2010, ocho contratos plurianuales a seis empresas privadas: ICA, Prodemex, Arendal, Homex, Tradeco y GIA, para construir y prestar servicios a ocho centros penitenciales en el país, lo que obliga al gobierno federal a entregar recursos públicos durante 22 años, hasta 2032, por 199 mil 476.6 millones de pesos, a razón de 9 mil 3 millones 418 mil pesos por año.