Las suspensiones por amparos que derivaron en ajustes a la ruta del Tren Maya no son para “joder” al Gobierno federal, como acusó Fonatur, sino el reflejo de un megaproyecto mal planeado que viola el derecho a la consulta indígena, medio ambiente y vivienda, aseguran los implicados.
La serie de amparos interpuestos desde 2020 por comunidades de la Península de Yucatán contra el Tren Maya, por violar su derecho a la consulta indígena adecuada, al medio ambiente sano y a la vivienda, orilló al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) a ajustar la ruta de dos estaciones del tramo III que se construirían en Ciudad Campeche y Mérida.