Al cierre de 2020 se reportó que del total de personas privadas de la libertad, 6 mil 889 pertenecían a algún pueblo indígena y la gran mayoría estaba presa por delitos que no cometieron, por lo que organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas piden que el decreto presidencial para liberar a reos aplique de manera directa para los indígenas.
Chiapas es el estado con el mayor número de personas (198) que salieron libres gracias a un decreto presidencial que prevé liberar a reos torturados, sin condena, adultos mayores de 70 años, adultos mayores de 65 con enfermedades crónicas, pero también a indígenas sin una defensa adecuada que cumplan con los supuestos establecidos, una petición que organizaciones como Asilegal y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas llevan haciendo desde hace años, y en la que ahora demandan que no se reduzca a las causales previstas por el Gobierno.