El fraude por los contratos transexenales para construir y operar ocho reclusorios federales –que en 2010 autorizó directamente Felipe Calderón e implica casi 300 mil millones de pesos– causó un daño patrimonial a la nación de, al menos, 41 mil millones de pesos, como ya documentó la Auditoría Superior de la Federación. En la FGR ya analizan citar al expresidente de México.
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000611/2020 en contra de quien resulte responsable por los ocho contratos transexenales de prestación de servicios a largo plazo que, en 2010, autorizó el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa para que seis empresas privadas construyeran ocho reclusorios con presupuesto público cercano a los 300 mil millones de pesos, con una vigencia por 22 años (2010-2032).