La forma en la que autoridades han manejado el caso de Emilio Lozoya Austin ha generado incertidumbre sobre la actuación del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la República, y ha llevado a plantear la interrogante sobre si hay intereses detrás que buscan protegerse.
La opacidad ha caracterizado el caso de corrupción que enfrenta Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, desde que arribó a México en julio de 2020 para ser juzgado por haber recibido 10.5 millones de dólares de sobornos de Odebrecht para la campaña de Enrique Peña Nieto, quien habría ordenado que parte de esos recursos se destinaran a sobornar a panistas y priistas, un caso emblemático que sigue impune.
La forma en la que autoridades han manejado este caso, a puerta cerrada y sin respetar el principio de publicidad, viola la Constitución, genera incertidumbre sobre la actuación del Poder Judicial, de la Fiscalía General de la República (FGR), y pone en duda si las autoridades buscan proteger ciertos intereses, coincidieron personas expertas en el sistema de justicia penal consultadas por SinEmbargo.