Varias dependencias del gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregaron 312 millones 895 mil pesos a la red de empresas de Uri Emmanuel Ansbacher Bendrama, –el polémico empresario israelí que vendió el software espía Pegasus al gobierno de Enrique Peña Nieto–, quien a su vez dispersó el dinero hacia una telaraña de empresas, en operaciones presuntamente irregulares, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Ansbacher, quien fue representante de NSO Group en México, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones de lavado de dinero realizadas con una red de 30 empresas que fueron exhibidas por Proceso y Aristegui Noticias en julio pasado, en el marco de la investigación internacional Pegasus Project, coordinada por Forbidden Stories.

David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), informó que dará seguimiento a la información surgida de los Pandora Papers y Panama Papers.

Durante la segunda entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 en la Cámara de Diputados, Colmenares advirtió que la ASF “no debe ser rebasada por condiciones externas, ni deben surgir brechas entre las características y atribuciones del ente auditor frente a la complejidad de la actuación de los entes públicos, incluso ante el surgimiento de modalidades sofisticadas de corrupción”.

Desde beneficios que reducen condenas y otorgamiento de libertades que no se publicitan, hasta presunto cambio de identidad, son algunas de las prebendas que obtienen algunos narcotraficantes mexicanos que cooperan efectivamente con las autoridades de Estados Unidos de América al delatar a importantes miembros de las organizaciones criminales o entregar parte de sus fortunas ilícitas. De esta forma, algunos capos han salido de cárceles norteamericanas sin que se conozca sobre su egreso y paradero actual.

Así como se conoció en diciembre de 2020 de la desaparición de Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo” -hijo del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada”- de los registros carcelarios de la Unión Americana, así desapareció del padrón del Buró Federal Penitenciario (BOP) el narcotraficante Dámaso López Núñez “El Licenciado”, quien presuntamente recuperaría su libertad de prisión hasta el 8 de noviembre de 2032, como lo establecía dicho buscador apenas en febrero del año en curso.

El periodista Fredy López Arévalo, conductor de noticias en la XERA-Radio Uno, fue asesinado este jueves a las 20:20 horas en la puerta de su domicilio en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, según reportó la agencia Mural Chiapas.

El reportero trabajaba en Jovel TV y Radio, donde publicaba investigaciones y notas del estado.

Un Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es investigado por el Órgano Interno de Control (OIC) de ese órgano autónomo por presuntamente haber consentido que personas privadas de la libertad en el penal federal número 14 de Durango sufrieran malos tratos y torturas por parte de custodios penitenciarios y elementos de la Guardia Nacional (GN) entre junio y julio de este año.

Se trata de Carlos Armando López Cervantes, que desde mayo de 2018 se desempeña como Visitador Adjunto de la Tercera Visitaduría General y quien está asignado al Centro Federal de Prevención y Readaptación Social (Cefereso) número 14, considerado de alta seguridad y que está ubicado en Gómez Palacio, Durango.

La diputada de Morena Inés Parra Juárez solicitó al presidente de la Comisión de Vigilancia, el priista Pablo Angulo Briceño, que cite a comparecer al auditor David Colmenares para que explique sobre los gastos millonarios para remodelar sus oficinas en dos edificios de la Auditoría Superior de la Federación, y en las que instaló regaderas, clósets y vestidores con cargo al erario público.

Este miércoles, la diputada envió el oficio CVASF/001/IPJ, en el que solicitó también los expedientes técnicos de la remodelación en la oficina del piso 12 del edificio del Ajusco que costó 2.6 millones de recursos públicos y de la oficina alterna en el inmueble de Morelos, en la colonia Juárez, por el que erogó 2.9 millones.

Sin revelar la identidad ni su jerarquía dentro de la Fiscalía General del estado (FGE), el gobierno yucateco anunció la “inmediata separación de sus cargos de quienes resulten responsables” de falsear dictámenes periciales en el caso de la muerte de José Eduardo Ravelo Echevarría.

En un principio se denunció que el joven veracruzano de 23 años falleció el pasado 3 de agosto --en el hospital Agustín O´Horán de esta ciudad-- debido a la gravedad de las lesiones que sufrió después de ser abusado sexualmente y torturado presuntamente por policías.

Una noche violenta vivieron leoneses este miércoles; en unas cuantas horas y en diversos incidentes cuatro personas fueron asesinadas y otras cuatro heridas.

El evento de mayor gravedad ocurrió en la colonia Brisas del Campestre, donde un ataque armado alcanzó a seis personas, en unos departamentos ubicados entre las calles Brisa de Horta y Brisa de Evora.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, negó que la reforma eléctrica que prepara su gobierno suponga un aumento de los precios de la luz y la emisión de gases de infecto invernadero, y como ha alertó el gobierno de Estados Unidos.

El mandatario calificó como "falso" y "poco lógico" el informe presentado por el Departamento de Energía estadunidense sobre el proyecto en cuestión e indicó que envió una carta a su homólogo estadunidense, Joe Biden, para abordar la cuestión y fijar su postura ante el cambio climático.

El exdirector de Diseño de Obras Civiles del Proyecto Metro, Juan Antonio Giral y Mazón, obtuvo una suspensión provisional que impide a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ejecutar cualquier orden de aprehensión en su contra u obligarlo a comparecer.

El juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Julio Veredín Sena Velázquez, otorgó la medida cautelar pero le dio un plazo de cinco días, a partir de su notificación, para que cubra una garantía de 100 mil pesos. De lo contrario, la suspensión dejará de tener efecto.

Las conclusiones periciales de la Fiscalía General de la República (FGR) determinaron que el joven José Eduardo, fallecido tras su detención por policías de Mérida, Yucatán, no fue torturado ni sufrió violación durante su arresto o mientras fue encarcelado.

Tras la exhumación del cadáver y la necropsia, se concluyó que José Eduardo falleció por neumonía que no estuvo relacionada con algún traumatismo recibido durante su detención.

Elementos de la Guardia Nacional descubrieron  un cargamento de mentanfetamina, fentanilo y heroína en la caja de un tráiler, todo porque éste estuvo involucrado en un accidente de tránsito.

La caja del tráiler se encontraba volcada y obstruía la carretera El Sueco-Janosen en ambos sentidos, por lo que los elementos acudieron en su auxilio.

Un Tribunal de Alzada aumentó la sentencia condenatoria de 45 a 52 años y seis meses de cárcel a Jorge Luis “N”, feminicida de Lesvy Berlín Osorio, y emitió una resolución con perspectiva de género y otras medidas de reparación del daño a las víctimas indirectas.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), “con esta sentencia se sienta un precedente en la reparación integral del daño de las víctimas”.

En una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), diversas organizaciones de la sociedad civil denunciaron al Estado mexicano, por primera vez, por el uso indebido de la fuerza, violencia y tortura sexual, acoso, hostigamiento físico y digital, que han vivido las mexicanas por parte de policías en el contexto de las protestas feministas. 

Al participar este día en el 181 periodo de sesiones de la CIDH, organizaciones del Espacio OSC para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Amnistía Internacional, denunciaron que el Estado mexicano ha reaccionado con violencia y discursos estigmatizantes ante la exigencia de las mujeres de un despliegue de estrategias para atender la violencia de género. 

El Área de Evaluación de Riesgos y Supervisión de Medidas Cautelares de la Región Judicial Centro Poniente negó por tercera vez que el expreso político Miguel López Vega termine con el proceso penal que inició en su contra en enero de 2020, cuando fue detenido por delitos fabricados en Zacatepec, Puebla, por oponerse a un proyecto de descarga de aguas con desechos industriales en el río Metlapanapa.

Las autoridades determinaron como no viables las condiciones a las que podía someterse López Vega para acceder a una solución alterna de terminar el proceso de criminalización en su contra, bajo el argumento de que existe “un riesgo para la sociedad”.

México registró durante 2020 un total de un millón 086 mil 743 defunciones, con lo que se registró un exceso de mortalidad en el país, de las cuales 218 mil 704 se debieron a enfermedades del corazón, 200 mil 256 a la COVID-19 y 151 mil 019 fueron muertes por diabetes mellitus.

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) titulado “Características de las defunciones registradas en México durante 2020“, de las un millón 086 mil 743 defunciones reportadas el año anterior, 58.8 por ciento fueron hombres, 41.1 por ciento mujeres y en 757 casos el sexo no fue especificado.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció esta mañana a Mario Aburto Martínez y a su familia darles protección si él decide hablar, abundar sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República.

Colosio fue asesinado de un tiro al terminar un acto político el 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas en Tijuana, Baja California.​​​​ Aburto fue declarado culpable en 1995 y condenado a 45 años de prisión. Por los beneficios de buena conducta, trabajo y estudios puede salir libre si apela. De acuerdo con distintos reportes, él habría decidido no apelar porque su familia, se dijo, en ese momento no estaba en México.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) notificó a Mario Aburto Martínez, quien es señalado como actor material del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1994, la emisión de la Recomendación 48VG/2021, dirigida a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), por actos de tortura e incomunicación en su contra.

Miles de migrantes haitianos y centroamericanos avanzaron por quinto día consecutivo rumbo a la Ciudad de México y la frontera con Estados Unidos, en la «Caravana por la justicia, la dignidad y la libertad del pueblo migrante».

De acuerdo con el Centro de Dignificación Humana, que acompaña la movilización masiva desde que salió de Tapachulas, Chiapas, en la caravana participan al menos 4 mil personas, incluidos mil 500 niños, 78 mujeres embarazadas y varios adultos mayores, pero cada día se suman más personas a la marcha.

En Paso de la Reyna, Oaxaca, donde cinco defensores del Río Verde fueron asesinados de enero a marzo de 2021, hay una «inoportuna e ineficaz aplicación de las medidas de seguridad otorgadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca», señalaron organizaciones.

De manera conjunta, el Indigenous Peoples Rights- International (IPRI) y Educa Oaxaca denunciaron que desde los asesinatos de los defensores Fidel Heras Cruz, Noé Robles Cruz, Raymundo Robles Riaño, Gerardo Mendoza Reyes y Jaime Jiménez Ruiz, «no hay información de avances significativos» por parte de la Fiscalía General del Estado.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que ambos países se comprometieron a deportar a los migrantes irregulares a sus países de origen. Así lo dio a conocer la embajada estadounidense en una nota de prensa sobre la visita de Salazar a la frontera norte.

“Todos deben entender que la frontera México-Estados Unidos está cerrada para cruces fuera de la ley. Las personas que intenten entrar a Estados Unidos fuera de la ley serán detenidas. Estados Unidos y México se han comprometido a retornar a estos migrantes a sus países de origen”, dijo el diplomático.

Víctor Manuel Álvarez Puga, identificado por las autoridades como cabeza del “grupo facturero más importante del país”, no sólo utilizó sus empresas para evadir impuestos y lavado de dinero a través de movimientos en efectivo y transacciones bancarias, también participó en causas benéficas dentro del Gobierno, como la Cruzada Nacional contra el Hambre de Enrique Peña Nieto, y cuenta con una concesión vigente en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El empresario, su esposa, la conductora de televisión Inés Gómez Mont, y su hermano Alejandro Álvarez Puga, están acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de delincuencia organizada y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos mediante empresas factureras.

Los enfrentamientos entre cuerpos de seguridad pública estatales y civiles armados, presuntos integrantes del crimen organizado, crecieron 110.6 por ciento al pasar de 340 registrados en 2019 a un total de 716 durante el año anterior, refieren las cifras del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó esta semana.

Tamaulipas es la entidad que concentra el 37.98 por ciento de estas confrontaciones con 272 casos de los 716 registrados. Le sigue Veracruz con 112; Michoacán con 82; Guerrero con 61; Chihuahua con 40; Zacatecas con 29; Estado de México con 22, San Luis Potosí con 18, Guanajuato con 14, Jalisco y Nuevo León, 13 cada uno; Coahuila, siete; Hidalgo, Sinaloa, Puebla y Oaxaca, seis cada uno; Tlaxcala y Quintana Roo, dos cada uno; y Querétaro, Yucatán, Aguascalientes, Baja California Sur y Durango, uno cada entidad federativa.