Familiares de víctimas de desapariciones atribuidas a miembros de la Secretaría de Marina acusan a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y a la Asesoría Jurídica Federal, que depende de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de falta de transparencia y de obstaculizar el acceso a la justicia.
Los señalamientos surgen luego de que el viernes 5, el juez octavo de Distrito con sede en Reynosa, Faustino Gutiérrez Pérez, concedió un amparo contra el auto de formal prisión, dictado en abril pasado, en beneficio de 12 marinos acusados de las desapariciones forzadas de Noé Ignacio Alférez Hernández y Jonathan Ballesteros Loza, ocurridas el 17 de febrero de 2018.