Quienes buscan a las víctimas son madres y parientes, quienes además sufren persecución de criminales con respaldo de policías, reclaman. Además, el Gobierno se niega a investigar al Ejército en el caso de los 43, dicen padres en el encuentro en la Normal de Ayotzinapa. Por lo que piden que recomienden al Estado mexicano que se sigan las cuatro líneas de investigación que proponen para hallar a sus hijos.
Representantes de colectivos, de organismos de derechos humanos y de organizaciones sociales, además de familiares directos de víctimas de desapariciones en el estado, denunciaron ante el Comité contra la Desaparición Forzada, (CED por sus siglas en inglés), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la connivencia de autoridades de los tres órdenes de Gobierno con grupos delictivos, responsables de la desaparición de por lo menos 5 mil 300 personas en Guerrero.
La cifra, que dio a conocer el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, es posterior a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en septiembre del 2014, cuando se comenzó a visibilizar el problema de las desapariciones por el crimen organizado.
