Durante 2019 y 2020 las fiscalías anticorrupción del país iniciaron casi 18 mil carpetas de investigación por posibles hechos de corrupción de funcionarios públicos. Sin embargo, en ese mismo lapso solo 67 casos (menos del 1%) fueron esclarecidos con una sentencia en contra de los responsables. En cambio, la enorme mayoría de las indagatorias (9 de cada 10) se mantienen en curso sin llegar ante un juez o de plano fueron archivadas ante la imposibilidad de las fiscalías de conseguir más pruebas.
Múltiples obstáculos potencian estos malos resultados. Recursos humanos insuficientes, recortes de presupuesto, procedimientos de investigación inadecuados, legislaciones incompletas, fallas en capacitación y poca o nula autonomía, son algunas de las deficiencias con las que a diario se enfrentan las fiscalías especializadas en la investigación de estos casos.