En ambos casos las víctimas buscaron justicia —en el primero la familia de las personas desaparecidas y en el segundo las sobrevivientes de tortura sexual— y lograron que sus denuncias se dirimieran en el máximo tribunal de la región, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en noviembre de 2018 emitió dos sentencias donde, de fondo, señaló la falta de control sobre el actuar de las fuerzas de seguridad en México.
