El próximo 19 de enero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará si la Ley Minera, que prioriza la minería por sobre los territorios y fue avalada sin haberse consultado a las comunidades indígenas, viola los derechos de los pueblos y ejidos.
La revisión de la norma es resultado de un amparo que la comunidad nahua de Tecoltemi, Puebla, interpuso en 2015 contra la Secretaría de Economía por haber otorgado dos concesiones mineras para una mina a cielo abierto de la empresa canadiense Almaden Minerals.
En el amparo, la comunidad exigió la cancelación de las concesiones otorgadas en su territorio, así como la revisión de la Ley Minera por violar sus derechos como pueblo y ejido indígena.