Deudos de los 137 muertos por la explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, el 18 de enero de 2019, enfrentan el olvido de las autoridades que prometieron reconstruir un pueblo enlutado, la disputa de las rutas de la ordeña por parte de grupos de huachicoleros y, encima de todo, la precariedad laboral agudizada por la pandemia de covid-19.
Peor aún, aquella tragedia no sólo no redujo las operaciones del huachicol; hoy es una herida abierta para cientos de damnificados.