La Fiscalía General de la República (FGR) opera desde hace tres años con una estructura incompleta: carece de un sistema de desarrollo profesional que le permita seleccionar, contratar y preparar a nuevos agentes; no tiene un estatuto que organice y reglamente el funcionamiento de sus distintas áreas; ni cuenta con el consejo ciudadano responsable de revisar la operación de la institución y transparentar sus resultados.
Pese a que en la Ley de la FGR se establecieron plazos para echar a andar estos elementos, los mismos ya concluyeron sin que fueran respetados. Funcionarios de la institución revelan que trabajan con personal insuficiente, con agentes que son contratados por periodos de apenas tres meses, y con una organización decidida discrecionalmente, sin que nadie externo la audite.