El acuerdo presidencial que blinda los proyectos y obras del gobierno federal fomenta la «utilidad privada y despojo público», así como representa «una sentencia de muerte a las comunidades y territorios afectados» por los megaproyectos, aseguraron organizaciones indígenas y campesinas, colectivos y activistas.
Las organizaciones recordaron que el acuerdo, emitido el 22 de noviembre de 2021, contraviene varios artículos de la Constitución y viola una serie de leyes existentes, pues legitima cualquier proyecto del gobierno federal sin cumplir los requisitos que evalúan su impacto en el medio ambiente, su legalidad en el ámbito de la propiedad y la no violación de los derechos humanos y de los pueblos, como el derecho a la consulta previa, libre e informada.