Sin tener aún del todo claro el origen del COVID-19 y ante la desinformación que rápidamente se propagaba, autoridades en el campo de la salud comenzaron a pronunciarse en contra del uso de ciertos medicamentos para tratar a los contagiados con el virus. No había evidencia científica contundente y su uso podría resultar contraproducente.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) fue una de las primeras en hacerlo, y en junio de 2020 informó que había compilado una base de datos con evidencia de posibles terapias para el COVID-19, mismas que se habían realizado entre enero y mayo de 2020, para revisarlas y evaluarlas. Se trató de análisis hechos in vitro (laboratorio) e in vivo (clínicos).