El desalojo y destrucción del Altepelmecalli, la Casa de los Pueblos, a manos de la Guardia Nacional y la policía en Puebla demostró «una vez más» que el gobierno está «a favor de la devastación, el extractivismo y el capital extranjero», denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Señaló que el desalojo del Altepelmecalli, construida por la organización Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes tras tomar la planta de la embotelladora Bonafont, acusada del robo y sobreexplotación del agua, «es condenable política, legal y moralmente» y es una prueba de que los tres niveles de gobierno «se hallan maniatados ante el poder del capital financiero internacional».