El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) indicó hoy que no cuenta con facultades constitucionales para investigar la riqueza de Carlos Loret de Mola, y recordó al presidente Andrés Manuel López Obrador que, como cualquier otro servidor público, debe cumplir “de forma irrestricta con los principios y deberes de la Ley General de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados”.

Por ello, le indicó que solo podría dar a conocer información fiscal de Loret de Mola en caso de que los recursos sean “recibidos directamente del erario público”, o de tener “el consentimiento previo” del periodista, “el cual debe otorgarse de forma libre, específica e informada”.

Sin analizar previamente si sus perfiles eran los adecuados y sin haberles impartido una capacitación especializada, el comisario en jefe de la Guardia Nacional (GN), el general Luis Rodríguez Bucio, ordenó que 101 expolicías federales de caminos – relevados de sus puestos por militares – sea comisionados, ahora, a tareas de investigación y combate al secuestro.

En un oficio fechado el pasado 31 de enero y del que Animal Político tiene copia, Rodríguez Bucio instruyó al titular de la Dirección General de Seguridad en Carreteras, Jorge Alberto Trejo Terrazas, para que informara a sus elementos que, a partir del 1 de febrero, quedaban adscritos a la Dirección General de Investigación y comisionados a la Coordinación Nacional Antisecuestros (CONASE).

El Gobierno de Israel acordó recibir a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Fiscalía General de la República (FGR) para abordar, de manera bilateral, detalles de las solicitudes de extradición tanto de Andrés Roemer, denunciado por violación y abuso sexual, como de Tomás Zerón, acusado de tortura, desaparición forzada y corrupción.

La información fue confirmada a Animal Político de manera separada por funcionarios de la Cancillería y la FGR. El gobierno de México considera a Roemer y a Zerón prófugos de la justicia y presumen que ambos se encuentran en Israel, país con el que no se tiene tratado de extradición.

El International Press Institute (IPI) lanzó una campaña para pedir a México la defensa de los periodistas y acabar con la impunidad en contra de los informadores así como esclarecer el caso de los que han sido asesinados.

Decenas comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y civiles, advirtieron de la persistente deuda histórica con los pueblos indígenas al no concretarse la reforma constitucional que incorpore los Acuerdos de San Andrés Larrainzar y “garantice de forma plena los derechos colectivos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”.

A 26 años de la firma de los acuerdos de San Andrés Larrainzar y a tres de la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, las organizaciones y comunidades grupadas en la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (Aldea), exigieron al presidente y al Congreso de la Unión cumplir con su compromiso de reforma constitucional.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó las medidas cautelares impuestas por el INE, hacia el presidente de la Andrés Manuel López Obrador.

En sesión privada la Sala Superior del TEPJF confirmó que, bajo la figura de tutela preventiva, se conminara al presidente apegarse a las limitaciones constitucionales sobre la difusión de propaganda gubernamental, a fin de que se abstenga de promocionar el ejercicio de revocación de mandato en cualquiera de sus apariciones públicas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que por “ética”, sin que intervenga el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), los periodistas famosos deberían dar a conocer su ingreso porque “no representan al pueblo, pero sí a grupos de intereses creados”.

Durante su conferencia matutina, pidió ahora a los periodistas Carmen Aristegui, Ciro Gómez Leyva, Joaquín López Dóriga y Jorge Ramos informar cuánto ganan.

Organizaciones civiles denunciaron la omisión de las instituciones ante el riesgo permanente en el que se encuentran las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

En el marco de la segunda sesión de los diálogos regionales para impulsar la Ley General de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, la Red TDT instó a las autoridades a que escuchen las denuncias y propuestas pendientes de atender.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “no le extraña” el periodismo ejercido por el semanario Proceso frente a su gobierno porque la revista fundada en noviembre de 1976 por el periodista Julio Scherer García, “no contribuyó al cambio” en el país.

“Y por eso, sí vale la pena enfrentarlos y debatir, y confrontarnos políticamente en buena lid, y tratar el tema y ya, fuera máscaras, cada quien en su sitio y no pasa nada”, sentenció.

“Me quiebro pero no me doblo”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador y advirtió que seguirá exigiendo que el periodista Carlos Loret de Mola, informe cuánto gana y transparente el origen de sus bienes, argumentando que el comunicador está vinculado a empresas que anteriormente acaparaban el negocio de la venta de medicinas y equipo médico al gobierno federal.

“Vamos para adelante, vamos a limpiar al país de corrupción y sin autoritarismo, sin censura, debate, argumentos, y pruebas”, expresó.

La presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Nuhad Ponce Kuri, sostuvo que no es posible aceptar la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador para que el organismo haga una investigación sobre los ingresos, bienes y origen de la riqueza del periodista Carlos Loret de Mola, socios y su familia.

En entrevista con El Universal, Ponce Kuri explicó que la obligación que rige al INAI es la de custodiar, proteger y garantizar la protección de datos personales de cualquier persona, y a la vez transparentar la información “siempre y cuando sea del orden público”.

El desalojo y destrucción del Altepelmecalli, la Casa de los Pueblos, a manos de la Guardia Nacional y la policía en Puebla demostró «una vez más» que el gobierno está «a favor de la devastación, el extractivismo y el capital extranjero», denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Señaló que el desalojo del Altepelmecalli, construida por la organización Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes tras tomar la planta de la embotelladora Bonafont, acusada del robo y sobreexplotación del agua, «es condenable política, legal y moralmente» y es una prueba de que los tres niveles de gobierno «se hallan maniatados ante el poder del capital financiero internacional».

La Unión Europea (UE) condenó el asesinato del periodista Héber López Vázquez, perpetrado el pasado 10 de febrero en Salina Cruz, Oaxaca, y manifestó su preocupación «por la falta de resultados en las investigaciones abiertas para esclarecer casos anteriores de asesinato de periodistas en México».

En una declaración, la UE alertó que la muerte de López, el sexto comunicador asesinado en lo que va del año, «demuestra una vez más el muy preocupante grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchos periodistas en México».

Andrés Manuel López Obrador, opositor, era duro con sus adversarios. No perdonaba una. Al mínimo avistamiento de un abuso, exceso, irregularidad o signo  de corrupción, daba rienda a una faena de señalamientos y acusaciones mediáticas para exhibir la podredumbre de un sistema corrupto.

Así lo hizo con los escándalos protagonizados por Enrique Peña Nieto y su entorno personal e institucional. La Casa Blanca de su entonces esposa, Angélica Rivera, o la de Malinalco de quien fue su Secretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.

Los hechos ocurrieron en la calle Rosas Moreno casi esquina con Francisco Quintanilla, en el barrio de San Juan, donde se pedía pronto auxilio debido a que había varias personas heridas de bala, adentro de un vehículo.

Cuando la Policía y la Guardia Nacional arribaron al lugar, encontraron una camioneta Nissan, modelo Quest, en color arena, donde había una mujer, dos hombres y un menor  con visibles heridas de bala en el cuerpo.

Un Juez determinó inconstitucional el impedimento de 10 años establecido en la Ley Federal de Austeridad Republicana para que exfuncionarios del Gobierno trabajen en empresas privadas a las que regularon.

El Juez Segundo del Centro Auxiliar de la Primera Región concedió un amparo contra esta norma a un exfuncionario a quien la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) Consupago negó darle trabajo por lo previsto en la ley.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que Televisa le había corregido “de manera personal” que no mantenía una relación con Carlos Loret de Mola desde 2019.

Días después de que medios de comunicación difundieran un reportaje sobre la casa de Houston, Texas, en donde vivió el hijo del presidente, José Ramón López Beltrán, entre ellos Latinus, un medio encabezado por Loret de Mola, López Obrador dio a conocer los supuestos ingresos del periodista durante 2021.

A 16 años de la tragedia en Pasta de Conchos, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha dado inicio a las obras de rescate de los cuerpos de los 65 mineros, con la construcción de lumbreras a cargo del consorcio conformado por las empresas Desarrollo de Terracerías y Proacon México, a través de un contrato por 308.9 millones de pesos.

Durante una reunión con familiares de los mineros fallecidos, el titular de la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil de la CFE, Vicente Arévalo, detalló que el proyecto de rescate está dividido en tres etapas.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que la Reforma Electoral que su Gobierno presentará tiene como objetivo disminuir los gastos excesivos del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo expresó que se busca que las elecciones no cuesten tanto dinero y al mismo tiempo sean democráticas y libres para evitar los fraudes de este índole.

Reporteros que asisten a la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador decidieron, en un hecho inédito, dejar de hacer preguntas el día de hoy en protesta por los asesinatos de periodistas desde la administración de Felipe Calderón Hinojosa, pasando por la de Enrique Peña Nieto y hasta nuestros días.

El Presidente expresó su apoyo y solidaridad a la protesta, y aclaró que desde su Gobierno no se ordena la aniquilación de comunicadores. Reconoció que es su obligación protegerlos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha difundido en los últimos días información sobre las supuestas ganancias anuales del periodista Carlos Loret de Mola, además de pedirle al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a través de una carta que investigue el origen de su riqueza, no obstante especialistas en temas de transparencia indicaron que el organismo no tiene facultades para ello.

Expertas consultadas por SinEmbargo coincidieron en que al difundir datos públicos el Presidente atentó contra la protección de datos y la libertad de expresión. Además, alertaron que no se sabe si funcionarios públicos cometieron irregularidades que permitieron la difusión de dichas cifras.

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no utilizar los asesinatos de periodistas para atacar a su gobierno. Al mismo tiempo subrayó que su administración no aniquila a nadie y garantiza el derecho de manifestación y libre expresión.

Igualmente pidió respeto para su propio derecho a manifestarse.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional admitió que es responsabilidad del gobierno cuidar la vida de los periodistas y de todos los mexicanos, “y lo vamos a seguir haciendo, “nada más lo único que debe considerarse es que nosotros no mandamos a aniquilar a nadie, a nadie”.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó retirar el comunicado firmado por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y 17 gobernadores más en el que expresaron su respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador ante las campañas en su contra.

La Comisión argumentó que el comunicado de los gobernadores “se trata de una acción concertada y consentida por personas servidoras públicas para difundir, de forma expresa y preponderante, logros y acciones del gobierno federal y de quien lo encabeza, considerada como propaganda gubernamental prohibida en el marco del proceso de Revocación de Mandato en curso”.

Los más de 20 pueblos nahuas de la Región Cholulteca se declararon en asamblea permanente y alerta máxima, ante la posible reactivación de la embotelladora que secó los pozos, ríos y ameyales. Afirman que están dispuestos a recuperar lo que les pertenece, como lo han hecho en toda su historia.

Es el espíritu del comunicado que ha difundido Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes, ante el atropello de los gobiernos federal, estatal y municipal, que entraron por la fuerza a la Casa de los Pueblos, donde las comunidades nahuas habían construido vida donde la empresa Bonafont robaba su agua.

A sólo cinco días de que presentara la iniciativa en el pleno de la Cámara de Diputados, hoy los legisladores aprobaron que los partidos políticos puedan devolver recursos directamente a la Tesorería de la Federación, sin que el Instituto Nacional Electoral (INE) intervenga. 

Con 327 votos a favor, 148 en contra y 1 abstención, se aprobaron esta noche los cambios a las leyes Generales de Partidos Políticos y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.