“A pesar de la rabia y el dolor que sentimos de ver que nuestra vida se pone en manos de quienes comercian con ella, estamos dispuestos a antes que cualquier otra acción, darle una oportunidad a la palabra, a sentarnos en una mesa e intentar dialogar. No estamos aceptando ni invitando a una negociación para ponerle precio a nuestra dignidad. Los estamos invitando, una vez más, como aquel día 22 de marzo o el día 8 de agosto de 2021 a presentar nuestras demandas legítimas por la vida y el bienestar de nuestros pueblos”, señaló la organización Pueblos Unidos en un comunicado leído en la actividad.
La disputa entre cárteles de droga ha provocado que habitantes de diferentes comunidades, en el municipio Jerez y en Calera Víctor Rosales, abandonen sus hogares, dejando todas sus pertenencias para ir en busca de asilo a Estados Unidos o desplazándose a poblados continuos.
Celeste Sánchez formaba parte de las Comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación, Salud y Juventud, además de los grupos de amistad con la República Portuguesa, El Salvador y Guatemala.
La Diputada del Partido del Trabajo (PT) Celeste Sánchez Romero fue hallada sin vida este lunes en su domicilio en Durango.
El Ministro presidente del máximo Tribunal del país, Arturo Zaldívar, argumentó que podría darse un conflicto de interés por la función del esposo de la Ministra.
El Supremo aprobó por unanimidad el impedimento de Ortiz, quien asumió en enero pasado nombrada por el Presidente, porque su esposo es José Agustín Ortiz, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), con competencia en el caso de Pío López Obrador, quien aparece en un video recibiendo dinero.
La ASF detectó que esas instituciones tuvieron irregularidades en contrataciones, comprobación de pagos, falta de mercancías y salidas de efectivo injustificadas en 2020.
En medio de una investigación administrativa y penal por presuntos actos de corrupción de funcionarios de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Diconsa y Liconsa, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que, en 2020, en esas instituciones hubo irregularidades en contrataciones, comprobación de pagos, faltantes de mercancías y hasta salidas de efectivo injustificadas que representan un daño al erario por 8 mil 638 millones de pesos.
La ASF publicó este domingo la última entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2020. El Informe General Ejecutivo señala que en Segalmex se detectaron observaciones por 5 mil 640.6 millones de pesos; en Diconsa, por 1 mil 413.4 millones, y en Liconsa por 1 mil 583.9 millones.
En su revisión de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades en las gestiones del Insabi, el IMSS, el ISSSTE y la Sedena.
En la atención a la pandemia en México durante 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró posibles daños al erario público por un total de 2 mil 754.8 millones de pesos en la contratación de personal y la adquisición de equipo médico y de protección, medicamentos y vacunas por parte de instituciones como el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el IMSS, el ISSSTE y la Sedena.
Así lo reveló la propia ASF en su informe de resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública 2020, en el apartado correspondiente a las auditorías financieras a la gestión de la emergencia sanitaria por parte de estas diferentes instituciones.
A la par de que el país debate sobre si privados o públicos deben controlar la energía, un cuarto de los hogares mexicanos no tiene acceso a alguna necesidad energética básica como luz, estufa o refrigerador. Hasta el momento, la Reforma Eléctrica no tiene en el centro el combate a esta pobreza energética, por lo que académicos recomiendan que se agregue una política integral de generación distribuida en comunidades.
En el marco del parlamento abierto de la Reforma Eléctrica y la crisis climática, investigadores urgen a que el combate a la pobreza energética esté en el centro de la política energética nacional, ya que priva de otros derechos como la salud, el agua, la educación, la vivienda digna, la comunicación, la movilidad y un medio ambiente sano.
Durante su gestión al frente de la Fiscalía General del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez pasó por diversas polémicas, entre las que se encuentran la “masacre de Tlatlaya”, el incremento de delitos de alto impacto y la incursión de organizaciones del crimen organizado en esa entidad, los últimos dos, asuntos que quedan pendientes en materia de seguridad.
El 25 de mayo de 2014, Gómez Sánchez rindió protesta como titular de lo que fue la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, ante el entonces Gobernador Eruviel Ávila, y en 2017, pasó a ser Fiscal luego de que en 2016 se aprobaron reformas para convertir la Procuraduría en una Fiscalía autónoma, cargo en el que estaría siete años, hasta 2024.
La Alianza contra la Desigualdad México y Nuestros Presupuesto han impulsado la campaña en México #QueLosRicosPaguen a través de rodadas ciclistas, colocación de carteles en calles y foros en la Ciudad de México, Sonora, Cancún, San Cristóbal y Guadalajara para explicarle a la ciudadanía por qué los millonarios mexicanos deben de pagar impuestos por su riqueza.
Elementos de la policía y de la Guardia Nacional activaron protocolos de búsqueda y rastreo para identificar a los participantes del ataque armado.
De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 21:00 horas, presuntos integrantes de células delictivas dedicadas al narcomenudeo habrían llegado al restaurante Art Beach, ubicado en el kilómetro siete de la carretera Tulum-Bocapaila, lugar donde dispararon contra un grupo de personas.
El pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la FGR y le ordenó entregar, en formato electrónico, la versión pública de la totalidad de actuaciones que conforman la investigación pública, actualizadas al 07 de octubre de 2021, fecha en la que se solicitó la información.
Al presentar el asunto ante el pleno, el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas recordó que en 2015, el INAI resolvió otorgar acceso a la investigación previa, por tratarse de información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos.
“Fueron ordenadas por las autoridades civiles” asegura el presidente, sin referirse directamente a la matanza del 68 o el Halconazo, durante la conmemoración del Día del Ejército Mexicano.
Ante las críticas que ha recibido su gobierno por la creación de la Guardia Nacional y el uso de las fuerzas armadas en labores que corresponden a autoridades civiles, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no culpar al Ejército Mexicano “de acciones indebidas” que avergüenzan y manchan la historia de México.
Los sospechosos fueron capturados mediante un operativo en el fraccionamiento Villa Verde, el mismo donde fue hallado el cadáver de Valeria Landeros Calderón; descubren el cadáver de otro hombre que estaba en calidad de desaparecido.
El Fiscal de Justicia del Estado, Francisco Murillo Ruiseco, informó de la detención de tres hombres por el caso de los cinco jóvenes asesinados, tres de ellos estudiantes universitarios y dos jóvenes profesionistas.
Son ya cinco detenidos, las primeras son dos mujeres, por el caso de Valeria, Alexia, Irving, Natalio y Luis Ángel, quienes fueron privados de la libertad la madrugada del sábado 12 cuando salía de un centro nocturno en la capital, y cuatro de ellos hallados asesinados el domingo 13 en una camioneta abandonada a un costado de la carretera 181 en el municipio de Genaro Codina.
Dos meses antes del homicidio de Roberto Toledo, colaborador del portal de noticias Monitor Michoacán, directivos del medio digital denunciaron ante la FEADLE las amenazas que pesaban contra ellos de parte de personas que dijeron ser miembros de la delincuencia organizada y que les exigieron no publicar más contra funcionarios de Michoacán. De acuerdo con documentos con los que cuenta Proceso, además de a servidores públicos estatales, los periodistas solicitaron a las autoridades federales que investiguen a una legisladora y funcionarios locales, como el alcalde de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac, detenido en 2009 en el caso conocido como Michoacanazo.
El 2 de diciembre de 2021, dos meses antes del asesinato de Roberto Toledo Barrera, el subdirector del portal Monitor Michoacán, Joel Vera Terrazas, compareció ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Fiscalía General de la República, y denunció las amenazas de muerte en su contra y contra el director del medio digital de noticias, Armando Linares López. Nadie los ayudó.
Vera Terrazas dijo al Ministerio Público federal que los amagos provenían de funcionarios y políticos vinculados al exgobernador perredista Silvano Aureoles Conejo.
El partido también anunció que Patricia Flores Elizondo será la candidata a la gubernatura de Durango.
Su candidatura fue elegida por unanimidad durante la Asamblea Electoral Nacional, aunque el legislador aún no presenta licencia ni ha renunciado a Morena.
El activista y exdiputado local Pedro Carrizales cumple 20 días desaparecido. Su familia, que incluso ha pedido ayuda al presidente López Obrador, teme por su vida debido a los antecedentes de amenazas y agresiones en su contra.
Desde el 1 de febrero, la familia de Pedro César Carrizales Becerra, activista y exdiputado local de San Luis Potosí, conocido como el “Mijis”, no sabe nada de él. Ya se cumplen 20 días desde su desaparición y la incertidumbre crece.
No es la primera vez que esto ocurre. En octubre del año pasado, también se reportó su desaparición mientras se dirigía a un centro de espectáculos en San Luis Potosí para protestar de manera pacífica en contra de Lalo Mora, vocalista de Los Invasores de Nuevo León, por posible acoso sexual contra varias mujeres.
Afuera del edificio del Poder Judicial del estado, frente a plaza de armas de la ciudad de Zacatecas, los familiares denunciaron públicamente que las dos mujeres fueron detenidas arbitrariamente y que tienen pruebas de que son inocentes.
Familiares de las dos mujeres detenidas por la Fiscalía de Justicia del Estado por su presunta responsabilidad en el caso de los cinco estudiantes universitarios asesinados tras ser privados de la libertad al salir de un centro nocturno el sábado 12 en la capital, denunciaron que son inocentes y las usan como “chivos expiatorios”.
“Queremos entender que la fiscalía necesita dar resultados, pero no es justo que se tenga detenidas a personas inocentes y las haga pasar como delincuentes”, expresó una hermana de las detenidas, de 18 y 34 años.
Valeria Landeros Calderón, quien fue privada de la libertad la madrugada del sábado 12 junto con cuatro de sus amigos, fue encontrada muerta en la ciudad de Zacatecas.
Valeria Landeros Calderón, quien fue privada de la libertad la madrugada del sábado 12 junto con cuatro de sus amigos, fue encontrada muerta en la ciudad de Zacatecas, confirmaron sus familiares.
“Con el corazón destrozado les comunico que mi querida sobrina ha sido localizada, le arrebataron su vida, pido muchas oraciones por mi familia de Zacatecas, especialmente por sus papás y toda nuestra familia”, escribió Martha Maribel Olveda, tía de Valeria, en Facebook.
“Sabía que todo era inventado, pero no cuándo iba a salir”, dice María Esther “R”, quien estuvo dos años y tres meses encarcelada en Tabasco por un delito que no cometió –extorsión con un arma– y, peor aún, contra una persona que no existe. En entrevista con este semanario, la mujer originaria de Tamaulipas habla de su caso, de la corrupción en la fiscalía general tabasqueña, del abogado que manipuló el sistema estatal de justicia para encarcelarla y, sobre todo, de cómo retomará su vida tras perderse el nacimiento de su nieta y de haber cerrado una escuela de canojate y una empresa que tenía.
“Señora, puede ir a ver a sus hijos…”, con esa frase una jueza terminó el jueves 3 con la injusticia que desde el 18 de octubre de 2019 María Esther padecía cuando fue detenida por hombres sin identificar, afuera de su domicilio en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, y trasladada al Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco, en Villahermosa, donde permaneció dos años y tres meses en prisión preventiva oficiosa, acusada de extorsionar con un arma a una persona que no existe.
María Esther se perdió el nacimiento de su primera nieta y en Tampico tuvo que cerrar su escuela de canotaje para niños de escasos recursos y también una empresa de fabricación de equipo de bombeo para Petróleos Mexicanos.
La exesposa de Javier Duarte enfrenta un proceso penal por fraude y tiene abiertas investigaciones por posible lavado de dinero y evasión fiscal. Desde su llegada a Reino Unido, ha vivido en Londres y en Oxford.
Luego de casi cuatro años de un largo proceso, en el que hubo retrasos y fallas de las autoridades mexicanas, la Fiscalía General de la República (FGR) consiguió que el juez Paul Goldspring de Reino Unido autorizara la extradición de Karime Macías Tubilla, expresidenta del DIF de Veracruz y exesposa del que fuera gobernador de dicha entidad, Javier Duarte.
A Macías Tubilla se le acusa de haber cometido un presunto fraude de más de 100 millones de pesos luego de que, durante su periodo al frente del organismo, el DIF de Veracruz autorizó decenas de contratos a una red de empresas fantasma. El caso fue dado a conocer en un reportaje publicado por Animal Político y MCCI en 2016.
Un juez vinculó a proceso a los detenidos una semana después del asesinato de López en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca.
Dos hombres acusados del homicidio del periodista Heber López, cometido en Salina Cruz, Oaxaca, fueron vinculados a proceso este viernes, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
La vinculación a proceso ocurre poco más de una semana después del crimen, ocurrido el jueves 10 de febrero.
Patricia Izquierdo Medina fue sometida a prisión preventiva oficiosa por el delito de ejercicio abusivo de funciones al adjudicar la demolición y construcción de la UAEM en Jojutla, con un daño de más de 75 millones de pesos.
La exsecretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, fue vinculada a proceso y sometida a prisión preventiva oficiosa por el delito de ejercicio abusivo de funciones al haber adjudicado de forma directa y sin cumplir la ley la demolición y construcción de la Escuela de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en Jojutla, causando un daño por un monto superior a los 75 millones de pesos.
La empresa a la que le fue adjudicado este contrato se llama Ago Operaciones, SA de CV y se trata presuntamente de una “empresa fantasma”. Es sólo uno de los procesos que enfrenta la funcionaria que ejerció durante el gobierno del perredista Graco Ramírez (2012-2018).
AMLO pide de nuevo a EU dejar de financiar a MCCI “opositor a un gobierno legítimamente constituido”
“Consideramos que es indebido que un gobierno extranjero se ocupe de financiar a un grupo opositor a un gobierno legal y legítimamente constituido de un país independiente y soberano”, expresó el mandatario al refrendar su exigencia de repuesta a la nota diplomática enviada a EU.
El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a exigir al gobierno de Estados Unidos que deje de subsidiar económicamente a la asociación civil denominada Mércanos contra la corrupción e impunidad (MCCI), que dirige el empresario Claudio X. González porque aseguró que esto contraviene los principios internacionales de no intervención.
“Hemos decidido por convicción que el que cometa un delito sea castigado, sea quien sea, pero vienen inercias, vicios de cuando se vendían las plazas, cuando no había fronteras, no se sabía en donde empezaba la delincuencia y donde terminaba la autoridad, era lo mismo”, indicó el mandatario.
El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que en el tema de seguridad pública, hace falta más por hacer para erradicar la impunidad en el país.
Incluso, reveló que un juez federal liberó ayer por la madrugada, a un presunto generador de violencia de Zacatecas que fue detenido en el estado de Chihuahua.
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