En la entidad hay más de 4 mil personas imputadas por ultrajes a la autoridad, donde lo mismo se acusa a políticos que a estudiantes, líderes sindicales y periodistas. Y ese delito hoy enfrenta al gobernador Cuitláhuac García Jiménez con el Senado, mientras organizaciones no gubernamentales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) piden derogar esta figura punitiva porque, dicen, violenta los derechos y garantías individuales.
Cientos de los inculpados han optado por adherirse a una salida alterna para evitar la prisión preventiva, prevista en el tipo penal: declararse culpables –sin serlo– para pagar una “reparación”.