Abogadas de la Red X por la Igualdad Sustantiva en Sinaloa denunciaron que a la Fiscalía General del estado, encabezada por Sara Quiñónez, no le importan hacer justicia a las víctimas de feminicidio, ya que sólo les interesa presentar estadísticas de los casos.

En entrevista con la periodista Romina Gándara, para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire, las abogadas Elizabeth Ávila y Victoria Herrera hablaron sobre el caso de Kenya María, quien fue asesinada presuntamente por su pareja en octubre de 2021.

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) se sumó a la condena por la eliminación del programa de escuelas de tiempo completo, que “viola los derechos humanos a la salud y a la educación de 3.6 millones niñas, niños y adolescentes en el país”, restringe la estancia de los menores en lugares libres de diversos tipos de violencia y va en contra de los avances en “la inclusión laboral de las madres”.

Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obraror, presentó una demanda de amparo ante el Juez Séptimo de Distrito en materia de Amparo Penal de la Ciudad de México contra la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fisel), luego de que dicha instancia no ha aceptado su petición de archivar la investigación por los videos en los que recibe dinero en efectivo de David León.

El 26 de agosto de 2020, las dirigencias de PAN y PRD presentaron sus respectivas denuncias ante la fiscalía en contra de Pío Lorenzo y David León, quienes aparecen en un video con dinero en las manos, presuntamente destinado para la campaña de Andrés Manuel López Obrador.

“Llegamos [al hospital] y me meto a[l área de] Emergencias y ahí me quedo parado en la entrada de Emergencias, por la parte de atrás, esperando que llegara una ambulancia. Empezaron a llegar muchas ambulancias de niños y todo eso. Se veía la cara de los doctores que no estaban preparados para algo así. Los doctores estaban asustados. También los paramédicos que llegaron en las ambulancias se les veía que estaban devastados y así fue todo el día”, narró el padre de Emilia Fraijo Navarro –una de los 49 bebés que fallecieron en el incendio de la Guardería ABC– al ahora ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Hace apenas tres meses el empresario Alonso Ancira transfirió 50 millones de dólares (mdd) a una cuenta bancaria de Pemex en San Antonio, Texas, y ahora la empresa petrolera ignora el destino del dinero que le fue entregado.

Ancira y su compañía Altos Hornos de México (AHMSA) depositaron a Petróleos Mexicanos (Pemex) en noviembre pasado el primer pago contemplado en el acuerdo reparatorio que permitió al empresario recuperar su libertad a cambio de devolver un total de 216.6 mdd por la venta irregular de la planta de Agronitrogenados, pero no hay rastro de lo que ocurrió con el dinero.

La administración de Andrés Manuel López Obrador desapareció el programa de Escuelas de Tiempo Completo, que daba alimentos y clases extraescolares en horario ampliado a 3.6 millones de alumnos, para invertir ese presupuesto en su nuevo programa de infraestructura La Escuela es Nuestra, pese a las irregularidades detectadas en su segundo año de operación, como la falta de certeza sobre el destino de uno de cada dos pesos que recibió. 

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), no existen pruebas de que 573 millones de pesos de La Escuela es Nuestra hayan sido gastados para mejorar la infraestructura de los planteles, el objetivo del programa. Esto significa la mitad de los mil 187 millones de pesos del presupuesto auditado en 2020.  

En México más de 31 millones de personas no tienen derecho a servicios médicos públicos, y los que sí los tienen enfrentan atención deficiente y desabasto en los medicamentos.

Durante 2020 y 2021 se otorgaron la mitad de las consultas médicas que en 2017 y no se surtieron efectivamente 9.7% del total de las recetas expedidas por las instituciones públicas de salud. Esto ha provocado que el gasto de bolsillo para enfrentar las enfermedades suba en las familias mexicanas un 40%.

La audiencia para el inicio del juicio contra el ex dirigente del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, fue suspendida sin que de inmediato el juez fijara una nueva fecha.

Gutiérrez de la Torre está acusado de trata de personas en las modalidades de explotación sexual agravada, en grado de tentativa, publicidad engañosa, así como por asociación delictuosa.

La organización de defensa de la infancia Save the Children urgió al presidente Andrés Manuel López Obrador a vetar una reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo que admite el trabajo de adolescentes en el sector agrícola, medida que va en contra de la ratificación de dos Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, firmados por México y a las obligaciones contraídas en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Al recordar que actualmente un millón 125 mil 858 adolescentes de entre 15 a 17 años realizan actividades económicas peligrosas y más de la mitad (638 mil 493) lo hacen en el sector agrícola, Save the Children reconoció que la reforma aprobada el martes 2 en el Senado de la República “busca atender una realidad para miles de adolescentes que carecen de oportunidades y los medios suficientes para continuar sus estudios”.

Cuatro inmuebles pertenecientes a la célula de Los Salazar, del cártel de Sinaloa que opera en Navojoa, Sonora, fueron asegurados con armas, cartuchos, equipo táctico, droga y vehículos en un operativo conjunto del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

El Frente No a la Minería por un Futuro de Todxs tomó simbólicamente las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Oaxaca para protestar por las violaciones a sus derechos cometidas por la minera Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, a través de la imposición del proyecto San José.

Las 12 comunidades que integran el Frente señalaron que el gobierno federal y la Semarnat muestran una «actitud servil» frente a los intereses extranjeros, pues recordaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador autorizó a la minera Cuzcatlán continuar con la explotación de minerales por diez años más a pesar de que se comprobó que la empresa construyó 75 obras irregulares, contaminó de manera irreversible el ambiente, polarizó el tejido social y generó violencia en los territorios y contra los defensores.

Un Juez federal dictó prisión preventiva justificada a Rafael Antonio Olvera Amezcua, exdueño de Ficrea, por defraudación fiscal de más de 185 millones de pesos.

Será el próximo lunes cuando se reanude la audiencia en el Reclusorio Sur, de la Ciudad de México, en donde se determinará si es vinculado o no a proceso debido a que Olvera solicitó la duplicidad del término constitucional para que le definan su situación jurídica.

La revisión del pasado de represión política y social que ha emprendido el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México apunta a tener acceso a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Estado Mayor Presidencial (EMP), el cuerpo de élite que protegía a los mandatarios, para conocer cuál fue su papel entre 1965 y 1990, periodo que abarca la llamada Guerra Sucia cuando los movimientos opositores fueron aplastados por cuerpos militares.

Definida por muchos migrantes y activistas como una “cárcel”, el municipio mexicano de Tapachula, fronterizo con Guatemala, lleva años con miles de extranjeros varados mientras esperan regularizar su situación en el país o encontrar alguna vía clandestina para llegar a la frontera norte.

El nicaragüense Ricardo Escobar llegó a Tapachula, en el estado de Chiapas, hace varias semanas y forma parte de los cientos de extranjeros, adultos y niños, que hoy continúan varados en esta urbe y que exigen que documentos regulatorios para transitar libremente por el país.

Organizaciones internacionales y especialistas ambientales pidieron al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, Rogelio Leal Mota, que resuelva a favor de los niños que interpusieron un amparo contra la megagranja porcícola de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), por violentar su derecho a la salud y a un medio ambiente sano.

A través de un amicus curiae, documento que permite a personas ajenas a un proceso ofrecer opiniones de trascendencia para la solución de un caso sometido a conocimiento judicial, las organizaciones y especialistas citaron los estudios científicos y testimonios de la experiencia estadounidense con las granjas porcícolas, responsables de la contaminación de los mantos acuíferos superficiales y subterráneos, la polución del aire y la propagación de patógenos peligrosos.

Con visibles huellas de violencia, fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en la cajuela de un vehículo abandonado en las inmediaciones de la colonia de El Laurel 1 en Tijuana.

Datos revelados a ZETA, refieren que alrededor de las 20:45 horas del miércoles 2 de marzo, vecinos de la calle calle Circuito Alejandra y esquina Privada Mayorca, denunciaron que se localizaba un vehículo Honda Accord, color negro, el cual expedía un olor putrefacto.

La aprobación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, rumbo a la consulta de Revocación de Mandato, bajó ligeramente entre enero y febrero al pasar de 69 a 63 por ciento, según una encuesta de El Financiero difundida este jueves.

No obstante, de acuerdo con lo publicado por el periodista Alejandro Moreno, el porcentaje que está a favor de que se le revoque el mandato quedó sin cambios, en 30 por ciento.

Madres y padres de los 49 bebés que fallecieron por un incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, aseguran que durante estos casi 13 años no ha habido castigo, aunque desde hace mucho tiempo dijeron que el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa presionó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para no involucrar en el caso a altos funcionarios y a una familiar de la ahora Diputada Margarita Zavala Gómez del Campo, a quien señalan de sólo haberse ido a “tomar la foto”.

La carpeta de investigación en el caso del incendio de la Guardería “ABC” en 2009 se mantiene abierta para brindar respuestas a las familias de los 49 menores que perdieron la vida y más de 100 afectados y garantizar la no repetición del evento.

Pedro César Carrizales, El Mijis, murió a causa de la volcadura del auto que conducía, en la cual no intervino ninguna otra unidad, tras la que sufrió de una lesión en el abdomen que le causó la muerte, concluyeron los peritajes efectuados en torno al accidente en el que perdiera la vida.

Luego de que se diera a conocer que arrancaron las obras de tala y desmonte en el nuevo trazo del Tren Maya a su paso por Playa del Carmen, en Quintana Roo, este miércoles más de 20 organizaciones civiles ambientalistas publicaron un escrito en el que exigieron que el Gobierno federal detenga “la tala masiva de selva con maquinaria pesada” y que se comprometa “a resarcir el daño ocasionado” en la zona. 

Organizaciones como Centinelas del Agua, Jaguar Wildlife Center, Voces Unidas de Puerto Morelos, o Moce Yax Cuxtal, advirtieron que la tala en el nuevo trazo se estaría llevando a cabo sin permisos y sin que la autoridad federal cuente con una Manifestación de Impacto Ambiental.

Moce Yax Cuxtal, organización civil ambientalista de Quintana Roo, denunció que las obras de desmonte y deforestación de árboles en la selva virgen de Playa del Carmen ya arrancaron para abrir paso al nuevo trazado del Tramo 5 del Tren Maya. 

Hasta el momento, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) no ha dado a conocer oficialmente cuál será el nuevo trazado de la obra, ni tampoco las conclusiones de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el nuevo proyecto, luego de que en enero pasado anunció que el Tren Maya ya no irá por un paso elevado en la carretera federal 307 —que va de Playa del Carmen a Tulum—, sino por el interior de la zona selvática. 

Un juez federal de Almoloya de Juárez acusó a funcionarios de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (antes SEIDO) de la FGR de haber filtrado públicamente datos y registros secretos relacionados con la investigación abierta en contra de la conductora de televisión Inés Gómez Mont y de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, por su presunta responsabilidad en desvíos de recursos públicos con empresas fantasma.

La filtración de los datos (a los que solo tenían acceso los fiscales) ocurrió antes de que se giraran las órdenes de aprehensión en contra de estas personas por cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada, delitos que por su gravedad exigían el mayor de los cuidados no solo para prevenir la fuga de los implicados, sino para no poner en riesgo a las autoridades responsables del caso.