El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU emitió la opinión 43/2001 en la que reconoce que la privación de la libertad de los presos tsotsiles Marcelino Ruíz Gómez (Marcelino), Abraham López Montejo (Abraham) y Germán López Montejo (Germán) fue arbitraria, y exigió una investigación exhaustiva e independiente y que se castigue a los responsables de la violación de sus derechos en Chiapas.
En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) se sumó a la exigencia del Grupo de la ONU para que el Estado mexicano «repare integralmente el daño causado».
El Frayba denunció que los procedimientos de los tsotsiles detenidos «están cubiertos de violaciones al debido proceso» y que ha documentado «las lamentables diligencias judiciales, que van desde la falta de traductor, presunción de inocencia y defensa adecuada, además de ser víctimas y sobrevivientes de tortura y discriminación», además de un retardo judicial injustificable.