Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, aceptó pagar un monto de 2 millones 695 mil 985 pesos para librar la imputación que buscaba hacerle la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de defraudación fiscal.

Durante una audiencia realizada la tarde de este martes en el Reclusorio Sur —a la que Lozoya compareció de forma virtual—, el exfuncionario acordó con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cubrir ese monto por daños al erario, con el fin de detener un posible proceso penal.

Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, denunció que el acuerdo reparatorio que Emilio Lozoya busca para cerrar sus procesos por los casos Odebrecht y Agronitrogenados es ilegal, debido a que los daños que este causó ascienden a miles de millones de pesos.

En una carta enviada al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de la que este medio tiene copia, Treviño manifiesta su oposición a que tanto Pemex como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cierren un pacto que, consideró, dejará en la impunidad los delitos que se imputan a Lozoya. 

Con 87 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones, el Senado de la República aprobó en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Ley Minera referente a la exploración y explotación del litio.

Apenas el lunes, el Senado recibió de la Cámara de Diputados la iniciativa para su análisis, discusión y votación. En tiempo récord de apenas un día, la iniciativa sobre el litio, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que declara de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, fue aprobada.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la suspensión de los contratos que entregaron sus antecesores a empresas privadas para explotar el litio, argumentando que “no tendrán ninguna posibilidad” de ser utilizados por los beneficiados.

Explicó que la modificación a la Ley Minera que envió al Congreso de la Unión y que ayer fue aprobada en lo general por la Cámara de Diputados federales, deja intactas las concesiones para la extracción de oro, plata, cobre y otros minerales.

El pasado sábado 16 de abril, fue detenido Juan Miguel “N” (a) “El Johnny”, operador principal en el trasiego de droga procedente de Sudamérica, quien es considerado presunto integrante de "Los Rojos", que opera en Michoacán y mantiene presencia en los estados de Morelos, Guerrero, Puebla y Estado de México.

Autoridades federales le imputan los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y contra la salud en Estados Unidos, motivo por el cual contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición hacia ese país.

A lo largo de los últimos dos años, México vivió un retroceso en materia de transparencia. Un informe elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) señala que, entre 2019 y 2021, el país tuvo una caída en el Índice de Gobierno Abierto.

El descenso fue de 0.52 a 0.48, en una escala en la que 0 representa a un gobierno sin apertura y 1 a uno totalmente transparente y abierto. El documento advierte que esta regresión rompe con una tendencia positiva, pues de 2017 a 2019 México había subido de 0.38 a 0.52.

Hugo López-Gatell Ramírez, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud (SSa) del Gobierno Federal, informó, el 19 de abril del 2022, que las vacunas desarrolladas por el laboratorio estadounidense Pfizer (en conjunto con el laboratorio alemán (BioNTEch), así como la de origen cubano, Abdala, se prevén utilizar en la campaña de inoculación contra el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19) en niños a partir de los cinco hasta los 11 años de edad.

Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, el funcionario federal recordó que por medio del mecanismo COVAX se está negociando por biológicos, mismos que ya fueron pagados, que sean para menores de edad, aunque también han explorado otras opciones.

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en acusar a empresarios, actores, cantantes y políticos, a quienes calificó de “seudo ambientalistas sin escrúpulos morales”,  de impulsar una campaña mediática subsidiada por organismos internacionales y el gobierno de Estados Unidos en contra del proyecto del Tren maya en el sureste de México.

Dijo que, hasta el momento, el gobierno federal no ha sido notificado sobre una nueva suspensión del tramo 5, otorgada por un juez federal de la ciudad de Mérida, Yucatán por supuestos daños ambientales y advirtió que van a responder por la misma vía para defender legalmente la obra emblemática de su administración.

La Fiscalía Anticorrupción de Morelos presentó ante el Congreso de la entidad tres solicitudes de causa en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, relacionadas con los delitos ejercicio ilícito de funciones y falsificación de documentos; fraude procesal y falsificación, y enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración ante una autoridad.

A las 11 de la mañana de este lunes, el vicefiscal, Edgar Núñez Urquiza, se presentó en las instalaciones del Legislativo morelense y presentó las denuncias relacionadas con igual número de carpetas de investigación. Las denuncias fueron presentadas por Enrique Paredes Sotelo, abogado morelense y por separado, otra fue presentada Gerardo Becerra Chávez quien hasta hace unos meses se desempeñaba como encargado de una unidad anticorrupción en el propio gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Desde entonces Claudia vive con estrés postraumático y otros problemas serios de salud física y mental; no tiene trabajo y está en desplazamiento forzado continuo por las amenazas que ella y su madre reciben en redes sociales con la advertencia de que la encontrarán “en una bolsa, degollada, destazada” si siguen con la denuncia.

El Comité en Defensa del Bosque Nixticuil realizó el fin de semana una jornada de limpieza en una cañada del bosque amenazada por los incendios, los desechos industriales y el gobierno de Zapopan, Jalisco.

La jornada de limpieza se realizó en uno de los límites del área protegida en la que el gobierno de Zapopan excluyó más de 3.5 hectáreas de ser protegidas, explicaron los defensores.

Pueblos y organizaciones indígenas y campesinas de Oaxaca exigieron la libertad inmediata e incondicional del defensor Fredy García Ramírez, vocero del Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (CODEDI) y preso político desde noviembre de 2019 en el reclusorio de Taniveth, en Tlacolula de Matamoros.

Los pueblos, reunidos en el Concejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas (COOA), denunciaron que además de la detención arbitraria de García, desde 2020 se limitaron las visitas a la cárcel y sus audiencias se aplazaron «utilizando el pretexto de la pandemia», de manera que su tercera y última audiencia se programó para mayo próximo, «violando así gravemente el principio de celeridad procesal y claramente sus derechos que como persona le corresponden».

Por ello, se manifestaron por la libertad inmediata de García Ramírez y llamaron a los pueblos a mantenerse atentos a las actividades que realizarán por el defensor, así como responsabilizaron al gobierno estatal de Alejandro Murat de cualquier represión física o psicológica en su contra.

En marzo de 2022, el 66.2 por ciento de la población mexicana consideró que es inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) dada a conocer este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo señaló que dicho porcentaje no representa un cambio significativo con relación a los porcentajes registrados en marzo y diciembre de 2021, que fueron de 66.4 y 65.8 por ciento, respectivamente.

Agentes de Fuerza Civil realizaron un cateo en la empresa de transporte ubicada sobre la carretera a Laredo en el kilómetro 15, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, donde supuestamente Debanhi Escobar habría ingresado el día de su desaparición, el pasado 9 de abril.

Ayer por la tarde se dio a conocer que cámaras de seguridad habían captado a la joven de 18 años de edad entrar a una empresa de transporte llamada “Transportes Internacionales Alcosa”.

Un youtuber conocido como “El Compa Jorge”, fue asesinado a balazos este lunes cuando llegaba a su domicilio a bordo de un vehículo marca Toyota.

Según un reporte policial, Jorge Luis “N”, de 35 años de edad, fue interceptado por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones con armas cortas calibre 9 milímetros, para después escapar con rumbo desconocido.

El Comité Eureka dijo que el mejor homenaje que se puede hacer a Rosario Ibarra de Piedra es que el gobierno cumpla los compromisos en materia de desapariciones y justicia para las víctimas de la violencia, sobre todo de la represión del Estado. 

Sin embargo, el comité alertó que las garantías de no repetición se contradicen “con el poder otorgado a las fuerzas castrenses”.

Con 87 votos en favor, 20 en contra y 16 abstenciones, el Pleno del Senado de la República aprobó, el 19 de abril, en lo general y los artículos no reservados, la reforma a la Ley Minera para regular el litio, cuya exploración y explotación quedará en manos del Estado.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) elevó en una décima, hasta el 2.5 por ciento, sus previsiones de crecimiento del PIB para Latinoamérica y el Caribe en 2022, al tiempo que alertó de las fuertes presiones inflacionarias que sufrirá la región derivadas en parte de la guerra que se libra en Ucrania.

Las Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional, y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República aprobaron la reforma a la Ley Minera, propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El dictamen fue admitido este martes con 15 votos a favor, cuatro abstenciones y cero en contra.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó este martes la impugnación presentada por el Gobierno de Colima contra la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la última controversia presentada en su contra, por lo que las modificaciones han sobrevivido la prueba de constitucionalidad final.

Al menos 5 mil 287 millones de pesos es el monto calculado como posible daño, perjuicio o pérdida para Pemex y para la hacienda pública causado por los contratos que la empresa, bajo la dirección de Emilio Lozoya, adjudicó a las empresas Odebrecht y Altos Hornos de México, tras el presunto pago de sobornos.

Uno de los contratos asignados a la constructora brasileña Odebrecht era para el mantenimiento de la refinería de Tula, Hidalgo. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un posible daño de mil 287 millones de pesos, según se describe en la auditoría de inversiones físicas 16-6-90T9M-04-0479, publicada en marzo de 2021.

Aunque el patrón de mujeres jóvenes desaparecidas en Nuevo León se ha acentuado en los primeros meses de este año, la crisis de desapariciones en ese estado, que suma 199 casos en lo que va de 2022, tiene como antecedente al menos 10 años de impunidad, ausencia de acciones preventivas, estigmatización a víctimas y, ahora, falta de operatividad y coordinación entre instituciones.

La frecuencia de desapariciones en el estado prácticamente no ha variado en un año: 199 personas permanecen desaparecidas desde el 1 de enero hasta el 15 de abril de 2022, una diferencia de solo 11 frente a las 210 aún desaparecidas del mismo periodo del año anterior. En este contexto se da la creciente desaparición de mujeres jóvenes, uno de varios patrones estatales identificados a lo largo de los años, como las desapariciones en el kilómetro 26 de la carretera 85 Monterrey-Nuevo Laredo o las de mujeres del municipio de Sabinas Hidalgo entre agosto y noviembre de 2021.

Nuevo León registró un lunes violento para las mujeres, con el hallazgo de tres asesinadas, una más desaparecida encontrada sin vida, y una menor boletinada como no localizada y por quien fue emitida la Alerta Amber.

Estos hechos ocurren luego de que el gobernador Samuel García presentara el 11 de abril el Grupo Especial de búsqueda de desaparecidos, integrado por 200 elementos de la policía estatal fuerza civil.

Un juez federal regresó a su homólogo local el expediente abierto del exgoberandor Jaime Rodríguez por delitos electorales, relacionados con el uso indebido de recursos durante su fallida campaña presidencial en el 2018.

De acuerdo a la defensa de El Bronco, preso en el Penal de Apodaca 2 desde el 15 de marzo, el juzgador Pedro Álvarez declaró que había competencia concurrente, por lo que el caso fue regresado a un juez de control de la entidad, que le dará seguimiento.