Al conceder un amparo a los yoremes de la bahía Ohuira, Sinaloa, por falta de consulta indígena, la Corte dejó sin efecto los permisos de la empresa Gas Petroquímica de Occidente para una planta de fertilizantes obtenidos a partir de irregularidades del entonces Gobernador Mario López Valdés y el Senador Francisco Labastida Ochoa. Deberá empezar desde cero.
Al norte del estado granero de Sinaloa, el entonces Gobernador Mario López Valdés y el Senador sinaloense Francisco Labastida Ochoa le facilitaron en 2013 a la empresa Gas Petroquímica de Occidente (GPO) instalar una planta de fertilizantes en el puerto de Topolobambo, donde está la bahía de Ohuira que forma parte de un sitio ramsar, donde habita la nación mayo-yoreme, comunidad que ganó un amparo ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que, antes de continuar con las obras que ya talaron 25 hectáreas de manglar, se les respete su derecho a una consulta indígena adecuada.