La eventual salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) parece enfrentar un camino complicado: de entrada, el proceso por el cual pudiera ser removido o presentar su renuncia tiene candados que debe abrir el Senado, y, aunque se trate de una salida política “pactada” entre el fiscal y el presidente Andrés Manuel López Obrador, constitucionalmente están obligados a justificar esa decisión con alguna falta administrativa grave o la comisión de un delito doloso que amerite prisión preventiva oficiosa.
Alejandra Hernández, analista jurídica de la organización México Evalúa explica: “Para su remoción, el fiscal o el Ejecutivo federal tendrían que justificar esa decisión en unos supuestos muy específicos que vienen en la Constitución y en la Ley General de la Fiscalía General de la República.