Con el objetivo de apresurar la salida de los últimos agentes civiles de la corporación, o por lo menos retirarlos de las calles, la Guardia Nacional (GN) puso en marcha un programa de retiro voluntario en el que ofrece “compensación económica” a estos elementos, a cambio de renunciar definitivamente al cargo. Los que no aceptan son reasignados —de forma obligatoria— a otras áreas distintas a las de patrullaje y prevención.
Documentos internos a los que Animal Político tuvo acceso muestran que, en un solo día, 600 efectivos que estaban en labores de vigilancia en las calles fueron reubicados a otras áreas de la corporación. En tanto, miles fueron trasladados a la Ciudad de México para ser exhortados a adherirse al programa de retiro voluntario y, mientras eso ocurre, permanecen congelados. Policías militares reclutados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) son los responsables de asumir sus funciones.