A 16 años del operativo policiaco en San Salvador Atenco y más de tres de la sentencia contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la tortura sexual cometida en agravio de al menos once mujeres en aquel despliegue ordenado por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, la impunidad y el incumplimiento de las medidas ordenadas por el tribunal regional.
Sofia de Robina Castro, abogada del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que representa a las once de Atenco, apuntó que “hoy más que nunca, las medidas ordenadas por la Corte IDH son más que pertinentes ante las evidencias de tortura sexual que siguen viviendo las mujeres y la falta de controles sobre la Guardia Nacional”.