En febrero de 2018 Gerardo Sosa Castelán temía un atentado. Acababa de renunciar al PRI, en el que había militado más de 40 años, y a través del cual se hizo del control político de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). De cada administración priista había obtenido réditos políticos: alcaldías, diputaciones y el coto de poder en la institución educativa.
Lo que vino después parecía una herida letal: cuentas suyas y de la casa de estudios fueron congeladas, mientras él era acusado de ser el cerebro de una maquinaria de corrupción dedicada a sustraer recursos de la universidad. La alerta venía del Departamento del Tesoro de Estados Unidos; a la par, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) llevaba su propia investigación.