La Recomendación 72/2022 de la CNDH revela que autoridades federales y estatales encubrieron irregularidades en los refugios de la panista Rosi Orozco. Se trata de 16 funcionarios federales, del Estado de México y de Coahuila, encargados de investigar tres casos de violaciones sexuales contra menores de edad ocurridas en albergues de la organización Unidos vs Trata. Entre las anomalías atribuidas a dichos servidores públicos, la Comisión documenta que la falta de debida diligencia en las indagatorias ha permitido que tres integrantes de la asociación civil continúen impunes; también, que hubo falsedad de declaraciones respecto de las agresiones sexuales, y que un funcionario federal determinó que los infantes permanecieran en las estancias de Orozco, a pesar del riesgo que corrían al convivir con sus agresores
Primera parte. Autoridades federales y estatales encubrieron irregularidades en los refugios de la organización Comisión Unidos vs Trata, propiedad de la panista Rosa María de la Garza Ramírez, conocida como Rosi Orozco, revela la Recomendación 72/2022, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Las negligencias de los servidores públicos encargados de investigar las violaciones sexuales que sufrieron tres menores de edad –de 6, 9 y 11 años de edad, respectivamente– en esos albergues han permitido que tres integrantes de esa asociación civil –de los que no se dan nombres pero se les denomina probables responsables– sigan impunes.
