Dos exfuncionarios federales implicados en el robo del expediente de la investigación abierta en el sexenio pasado por el caso conocido como “La Casa Blanca”, entre ellos, uno que funge actualmente como subsecretario de la Contraloría del gobierno del Estado de México, lograron que un juez frenara el proceso penal abierto en su contra y la posibilidad de ir a juicio, sin regresar los documentos y sin que se les aplicaran las penas por el delito que habrían cometido.
Para reparar el daño, en cambio, se comprometieron a hacer trabajo social y a pedir una disculpa prometiendo que algo similar no volverá a ocurrir. Pese a que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) se opusieron a que el caso terminara de esta forma, los imputados lograron con apelaciones y amparos la suspensión de su proceso.