Desde 2011, algunos estados han hecho esfuerzos por legislar en la materia, pero todos fallan en fijar presupuestos mínimos y todavía privilegian el internamiento involuntario.
En México, de las 32 entidades del país, solo 17 tienen leyes de salud mental locales y en ninguno de los casos cumplen con los parámetros mínimos en materia de presupuesto y atención que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).
De acuerdo con el organismo internacional, a la atención de la salud mental de la población se le debería invertir al menos el 10% del presupuesto total que se destina a la salud. Sin embargo, de las 17 leyes estatales en la materia, solo cinco consideran presupuestos específicos —ninguno del 10% o superior—, mientras que el resto de las legislaciones supedita la atención de la salud mental a la suficiencia presupuestal con la que se cuente.