A 6 mil 574 días de que el periodista Francisco Javier Ortiz Franco, editor del semanario ZETA, fue asesinado en Tijuana, parecen nulas las esperanzas de que el crimen se resuelva. Entre las hipótesis que prevalecen está la de una ejecución ordenada por los hermanos Arellano Félix. A la fecha, la averiguación previa se encuentra sepultada entre el polvo de la indiferencia de la Fiscalía de Baja California. Ninguna orden de aprehensión se ha librado por el caso en 18 años.
Crímenes y más crímenes en un país devorado por la violencia han propiciado que las autoridades incumplan con su obligación constitucional de prevenir el delito y procurar justicia de manera eficaz, dejando miles de casos sin resolver y en el más absoluto olvido. El caso del periodista Francisco Javier Ortiz Franco, editor del semanario ZETA, asesinado el 22 de junio de 2004, es el ejemplo vivo de ello. Por incapacidad, negligencia, corrupción o complicidad, el homicidio del comunicador sigue en la más completa impunidad.
A la fecha han transcurrido 18 años sin que se haya aclarado el hecho y ninguna persona paga en prisión por el crimen. Son varias las hipótesis que se plantearon en su momento, tanto por la ex Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California (PGJEBC), como por la ex Procuraduría General de la República (PGR), que solo manoseó el caso, pero ninguna de ellas se concretó y tampoco las autoridades se responsabilizaron de rendir resultados.
