La privatización del agua en Querétaro se legalizó a través de la llamada popularmente como ley Kuri –promovida por el actual gobernador– que entrega a particulares los organismos operadores del servicio de agua potable. Dichos organismos están facultados desde el pasado 19 de mayo a suministrar y cobrar por el vital líquido, así como suspender su entrega a quienes no paguen a tiempo sus cuotas.
La privatización del agua en Querétaro se legalizó a través de la llamada ley Kuri, que permite a los organismos operadores para la prestación del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento (OPSA) dotar de servicios a la ciudadanía, cuando el rector debe ser la administración estatal.
Desde el pasado 19 de mayo, los OPSA están legalmente facultados para cobrar directamente por el suministro de agua potable. También, para suspender la entrega del vital líquido a quienes no paguen a tiempo sus cuotas, lo que deja de lado la obligación de la Comisión Estatal del Agua para suministre el recurso, indican especialistas.