Durante su visita a las 22 comunidades tsotsiles y tseltales beneficiarias de medidas cautelares, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constó «la falta de investigación, desarme y sanción a los grupos armados que sigue prevaleciendo en el estado de Chiapas», así como la falta de acciones del Estado para poner fin a la violencia, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
Del 12 al 15 de julio, una delegación de la CIDH recorrió 22 comunidades indígenas, una en Chenalhó, nueve en Chalchihuitán y doce en Aldama, ante la falta de resultados del Estado mexicano para adoptar las medidas cautelares que otorgó hace casi cuatro años para protegerlas de la violencia paramilitar, los desplazamientos forzados y el despojo territorial.