El 29 de julio de 2020, un juez federal del Reclusorio Norte abrió un proceso penal en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien unos días antes había sido extraditado desde España. Lo hizo a petición de la FGR, que acusó a Lozoya de recibir 10 millones de dólares en sobornos de parte de Odebrecht. Pero el exfuncionario no fue detenido. Inmediatamente quedó en libertad bajo la promesa de que probaría que existió un gran entramado de corrupción al más alto nivel del Estado mexicano, y que repararía el daño causado. Todo, a cambio de que se suspendiera su proceso.
Hoy se cumplen dos años de estos hechos, pero nada de lo prometido se ha cumplido. El exfuncionario no ha sido enjuiciado por los delitos que se le imputaron, pero tampoco ha sido “perdonado legalmente” por la FGR. Tras permanecer libre casi 18 meses, fue encarcelado de manera preventiva luego de que fuera fotografiado en un restaurante en Polanco. “Usted no ha probado nada, solo dio indicios”, le recriminó uno de los fiscales. En enero pasado, los fiscales optaron por acusarlo y pedir una condena en su contra de más de medio siglo de cárcel, pero en abril todo se detuvo de nuevo debido a la negociación de un pago a Pemex con el que, según Lozoya, se cerrará el acuerdo.