El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU llamó «urgentemente» a México a anular la prisión preventiva obligatoria u oficiosa, pues «es contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos».
Bajo el artículo 19 de la Constitución mexicana, el ordenamiento jurídico obliga a los jueces a imponer prisión preventiva oficiosa a todas las personas que sean acusadas de determinados delitos, «lo que ha llevado a múltiples violaciones de sus derechos humanos, como la presunción de inocencia, el debido proceso y la igualdad ante la ley», señaló el Grupo.