Cuando aún era dirigida por Santiago Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) firmó un contrato, sin licitaciones de por medio, con una firma de abogados estadounidense para recuperar recursos relacionados con delitos de desvío y lavado de dinero cometidos en México, con el compromiso de que al despacho privado se le pague el 30% de lo recuperado en cada litigio.
A través de dicho contrato, los abogados impulsaron a nombre de México un juicio en Estados Unidos para reclamar bienes del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, por más de 250 millones de dólares en ese país. De ganarse el caso, que hasta ahora avanza en favor de México, 75 de los 250 millones quedarían en manos del despacho y el resto regresaría a las arcas públicas.