Desdibujada como contrapeso del Poder Ejecutivo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presidida por Rosario Piedra Ibarra decidió plegarse al discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador para dejar en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control absoluto de la Guardia Nacional (GN), pasando por alto instrumentos internacionales de derechos humanos, consideraciones de sus pares en los estados e incluso de los consejeros del organismo.
En 16 cuartillas, el martes 13, Piedra Ibarra abdicó de su facultad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interponer una acción de inconstitucionalidad contra las reformas que militarizan la GN, nacida en 2019 con un carácter civil.