El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que en el caso Ayotzinapa se cancelaron 21 órdenes de aprehensión, de las cuales 16 son miembros del Ejército Mexicano, porque no aparecieron en el informe de la Comisión para la Verdad y acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa).

El papel de algunos militares tanto en la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur de México en 2014, como en la ocultación de lo ocurrido y sus presuntos vínculos con el crimen organizado, están en el centro de un caso que ha generado conmoción en México y el exterior.

La Comisión de la Verdad, una entidad oficial creada en el gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo en agosto que se trató de un “crimen de Estado”, y documentos que obtuvo apuntan a que fueron militares los que ordenaron matar a algunos de los jóvenes y quienes manipularon y escondieron parte sus restos, indicios que la fiscalía ahora debe investigar.

El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila le negó la suspensión definitiva a Cristian Solís Arriaga, contra la orden de aprehensión que se haya librado en su contra. Es uno de los operadores y responsable de explotar el pozo minero de El Pinabete, en cuyo derrumbe murieron 10 trabajadores.

Solís Arriaga promovió el recurso el pasado 7 de septiembre, cuatro días después de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez de control libró tres mandamientos de captura dentro de la causa penal 237/2022. Por ello, el impartidor de justicia le había concedido la suspensión provisional y en ese entonces le fijó el pago de una garantía de 500 mil pesos para que la suspensión se mantuviera vigente.

Las diputadas representantes del PRI en el Congreso de Sonora, Karina Zárate y Elizabeth Sallard, se sumaron a Morena tras renunciar al partido que las postuló para ser parte de la actual Legislatura.

Con la integración de ambas diputadas, el grupo parlamentario de Morena suma 16 diputados y el PRI se queda sin ningún representante en el Congreso local.

La Delegación Jalisco de la Fiscalía General de la República (FGR) inició una nueva carpeta de investigación por presunta tortura cometida en contra del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, que aún se encuentra privado de la libertad en la Comisaria de Sentenciados del Estado de Jalisco.

La indagatoria fue abierta por el agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula B-IX-5, Guadalajara, en respuesta a la vista que recibió del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Jalisco por la presunta tortura psicológica denunciada por María Teresa Vallejo Pérez, abogada del ex líder del Cártel de Guadalajara.

El amparo tramitado por Mario Aburto contra la sentencia de 45 años de prisión que le fue impuesta por el homicidio del ex candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, no será revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ninguno de los ministros integrantes de la Primera Sala de la Corte aceptó hacer suya la petición presentada por Aburto, con la que buscaba que fuera el Máximo Tribunal quien definiera si es posible o no revocar la sentencia emitida en su contra desde el 22 de diciembre de 1994 por el Tribunal Unitario Especializado en materia Penal del Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez.

El administrador del medio “Chiapas denuncia ya”,  Roberto Flores, fue denunciado como desaparecido ante la Fiscalía General de Chiapas el pasado 20 de septiembre. En redes sociales se compartió su ficha de desaparecido y usuarios exigieron la aparición con vida del periodista.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer este lunes que en julio de 2022 y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) aumentó 0.4 por ciento a tasa mensual.

A través de un comunicado, el organismo detalló que por componentes y con datos ajustados por estacionalidad, la variación mensual, en julio de 2022, fue la siguiente: las Actividades Primarias incrementaron un 0.8 por ciento, mientras que las Secundarias y Terciarias, 0.4 por ciento.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este lunes que no se llamará “consulta” el ejercicio que se realizará para conocer la opinión de la ciudadanía sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles.

Además, en su conferencia de prensa matutina anunció que este ejercicio se llevará a cabo en enero de 2023 y reiteró que no contará con la participación del Instituto Nacional Electoral (INE). Por el contrario, adelantó que el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, presentará mañana un programa para realizar este mecanismo.

Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) acudirá, el 27 de septiembre del 2022, al Salón Tesorería del Palacio Nacional, para dar a conocer detalles de la consulta popular respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, misma que se llevaría a cabo en enero del 2022, según lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina, el político tabasqueño adelantó que el funcionario federal dará a conocer los términos del ejercicio que no se llamará “consulta”, además de que reiteró que no será organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), sino por la Secretaría de Gobernación.

Al entrar al Campo Militar Número Uno, Antonia Morales Serafín cargaba en la bolsa un vestido rosa tejido del tamaño de una muñeca. Lo llevó por si encuentra a su papá, a quien desaparecieron ahí cuando ella tenía ocho meses, para que él la reconozca ahora que tiene 49 años. Al ex detenido Juan Manuel Hernández la misma visita le revivió el tiempo que estuvo “muerto en vida: en un sótano, un año de torturas”. El ex guerrillero Armando Otto Gaytán reconoció el paisaje que veía desde una ventana los 10 meses de 1979 que vivió en ese sitio, junto a personas que nunca volvieron a ser vistas con vida.

Durante los tres días que, por orden presidencial, fueron admitidos al campo militar -que es emblema de la represión, la tortura y la desaparición forzada-, y acompañados de militares recorrieron sus instalaciones, al grupo de 61 personas invitadas a la inspección, familiares de personas ahí desaparecidas y sobrevivientes de las detenciones, se les atragantaron los recuerdos.

Defensores del territorio yoreme en el puerto de Topolobampo, Sinaloa, recibieron amenazas anónimas por oponerse a la construcción de una planta capaz de producir 2200 toneladas métricas por día de amoniaco anhidro, denunció Felipe Montaño Valenzuela, gobernador tradicional indígena de Ohuira.

Montaño explicó que las amenazas fueron recibidas el pasado 11 de septiembre, cuando se llevó a cabo una consulta sobre las actividades de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO). El secuestro de una de las mujeres defensoras de Topolobampo formó parte de las amenazas, señaló.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este lunes que hoy es un día de luto nacional, ya que se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Como cada año, se tienen programadas diversas marchas para exigir justicia en el caso, por lo que pidió protestar de manera pacífica y estar alerta por los provocadores que suelen aparecer en las movilizaciones.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que quizás se filtró el informe de la Comisión sobre Ayotzinapa para invalidarlo, pero dijo que él prefería que no se escondiera nada porque aunque “la verdad es mucho muy dolorosa” es mejor, y libera.

8 años. 96 meses. 417 semanas.

Durante ese tiempo, las familias de los 43 estudiantes desaparecidos han tocado muchas puertas; se han sentado en muchas reuniones; han recibido distintas versiones sobre los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Escucharon la frase dolorosa a la que se rehusaban: “no hay posibilidad de que los normalistas se encuentren con vida. Por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos.”

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez afirmó que hay una inusual y desaseada cancelación de órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República en el caso Ayotzinapa.

El centro de litigio que es parte de la defensa legal de familiares de 43 estudiantes de Ayotzinapa afirma que los hechos revelados por la prensa este fin de semana atentan contra la independencia de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa.

La Fiscalía General de la República detuvo a Cristian “S”, presunto dueño de la mina El Pinabete, donde quedaron atrapados 10 mineros.

De acuerdo con la FGR, el inculpado explotaba de manera ilícita la mina.

La Fiscalía de Justicia de San Luis Potosí y el Gobierno del estado no atienden de manera correcta los casos de feminicidios que se registran en la entidad, pues revictimizan a las personas afectadas y no aborda los sucesos desde una perspectiva de género, afirmó Esperanza Lucciotto, madre de Karla Pontigo, joven asesinada en la entidad en octubre de 2012.

Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable por una “grave filtración” sobre el caso Ayotzinapa publicada este sábado en el diario Reforma.

El gobierno federal presentó este viernes ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia de hechos en contra del juez de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, quien ha dictado sentencias absolutorias a favor de 120 personas implicadas en el caso Ayotzinapa.

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que la denuncia fue presentada previo acuerdo del Gabinete de Seguridad, y el juez fue señalado por delitos contra la administración de justicia y lo que resulte.

En la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de la Ciudad de México, el máximo tribunal capitalino donde se resuelven conflictos laborales, se vive una gran paradoja: alrededor de 50 trabajadores, algunos con hasta 35 años de servicio en la institución, han sido cesados sin justificación legal y, peor aún, sin que les respeten los derechos laborales que por ley les corresponden.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), informó este viernes que, a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno federal pedirá al Poder Judicial su autorización para revelar los nombres de los presuntos responsables del caso Ayotzinapa. 

“Ya me instruyó que le solicite al Poder Judicial que me permita darlos a conocer. Les anticipo cuál va a ser la respuesta”, dijo Encinas, mientras con la cabeza hacía una señal de “no”.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó las primeras denuncias por presuntos actos de corrupción cometidos por funcionarios de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de dos denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por irregularidades en el manejo de recursos públicos en Segalmex, Liconsa y Diconsa durante 2019 y 2020. 

Autoridades federales confirmaron a Animal Político que ambas denuncias se interpusieron en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) el pasado 11 de agosto, y que se suman a las carpetas de investigación iniciadas previamente contra varios exfuncionarios públicos.