La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR) y creada en 2019 a solicitud de las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos, se quedó sin titular después de tres años de trabajo, luego de que representantes de la fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero cancelaran órdenes de aprehensión contra 16 militares y otros servidores públicos implicados.
Esto, a decir del Centro Prodh, organización que trabaja en la defensa legal de las familiares de los normalistas, mostró una “injerencia indebida” en la labor de la unidad, cuya creación como ente encargado de investigar y “concluir los procesos penales” en el caso Ayotzinapa había sido avalada por el propio fiscal Gertz.